El 21 de febrero fue la fecha en la que saltó a la luz el llamado caso Koldo, un caso de presunta corrupción relacionado con la venta de mascarillas por un entramado liderado por Koldo García, exasesor del ministro de Fomento José Luis Ábalos. Ese día se detuvo a una veintena de personas acusadas de urdir una trama que consiguió contratos de mascarillas en la pandemia por valor de más de 53 millones de euros y que conllevaron presuntamente el pago de comisiones ilegales.
Uno de los lugares donde tuvieron lugar las detenciones fue la localidad de la comarca de Cabrera de Corporales, donde se encontraba el guardia civil retirado José Luis Rodríguez, acusado de formar junto al empresario José Luis Cueto una estructura societaria dedicada a la explotación de pizarra que habría recibido supuestamente fondos de la trama, tal y como adelantó ILEÓN.
La sociedad Pizarras Santa Bárbara, que supuestamente ha usado fondos procedentes de los contratos para comprar terrenos en la vecina comarca gallega de Valdeorras, ha estado operando durante el 2023 en la zona para explotar una nueva cantera de pizarra en la localidad de Cunas, en el municipio de Truchas, para lo que ha seguido la tramitación ambiental necesaria. Pero según la Junta de Castilla y León el pasado 19 de febrero, apenas dos días antes de que explotara la operación que ha puesto en jaque al gobierno de Pedro Sánchez, la empresa presentó un escrito en el que anunciaba seis meses de paralización de sus trabajos por la falta de avales para las labores que llevaba a cabo en la zona, concedidas en el mes de julio.
La empresa había presentado en el mes de enero en el Ayuntamiento de Truchas las solicitudes de licencia correspondientes para la nave que había alquilado para el corte y tratamiento de la pizarra y para la nueva cantera de Cunas, cuya autorización de explotación provisional logró en el mes de diciembre. Esta autorización se encontraba recurrida por la junta vecinal de Cunas al considerar que la cantidad compensatoria asignada por la Junta por la explotación de 12,5 hectáreas de su monte era muy baja, sin que se haya resuelto el recurso todavía y por tanto la licencia definitiva.
Según ha podido conocer este periódico el guardia civil retirado que figuraba como impulsor de la pizarrera sí había anunciado un parón de forma local, pero aludiendo a que necesitaba inversión en maquinaria y acotándolo a dos o tres meses hasta conseguir todas las licencias en regla y nueva maquinaria.
Dinero en efectivo
El Seprona de la Guardia Civil de León investigó las autorizaciones con que contaba la pizarrera ya que hasta el mes de noviembre no solicitó formalmente la licencia de apertura de la cantera de Cunas y solo poseía una autorización de labores básicas otorgada por la Junta de Castilla y León. Esa a la que renunció dos días antes de la operación policial que desarticuló la trama. Según la Cadena SER, en el sumario figura una conversación de José Luis Rodríguez y Koldo García en la que este último presume de conocer a un alto mando de la Guardia Civil que les podría echar una mano por las investigaciones del Seprona a su pizarrera.
Los investigadores del caso Koldo han encontrado indicios y pruebas de que los acusados conocían que se les investigaba desde hace meses. De hecho otro guardia civil ha sido detenido e imputado por cohecho y organización criminal acusado de filtrar la investigación policial a Koldo García.
El guardia civil José Luis Rodríguez fue detenido en Corporales, siendo luego trasladado al cuartel de la Guardia Civil en Astorga. En el registro de su vivienda en Valdemoro (Madrid), informa El País, se encontraron más de 27.000 euros en efectivo. Tanto la Fiscalía como la Policía consideran a Rodríguez una de las piezas principales de la presunta trama corrupta y apuntan a que conocía que el empresario José Luis Cueto, detrás del entramado empresarial, habría obtenido beneficios de 20 millones de euros por la venta de las mascarillas.
Los impulsores de la pizarrera se hicieron con los derechos mineros sobre las pizarras de La Cuesta, Cunas y Pozos tras la quiebra en 2016 de Pizarras El Bosque, que a su vez los consiguió de una pizarrera quebrada del grupo Lamelas Viloria, que históricamente los explotó. Pizarras Santa Bárbara se hizo en mayo de 2023 con estos derechos mineros tras la adjudicación judicial por la quiebra de la empresa anterior, cesión autorizada por la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, órgano competente.