El Seprona investiga a 136 personas por construcciones ilegales en suelos protegidos de Gran Canaria

El Seprona ha investigado a 136 personas en el marco de la Operación Domos como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio en Gran Canaria al detectarse la proliferación de construcciones ilegales con fines residenciales, recreativos e industriales en suelos protegidos.

Según informa la Guardia Civil, la investigación comenzó a principios de 2023 al observarse un incremento de construcciones en zonas donde está prohibido este tipo de uso.

Al respecto, entre las consecuencias de este tipo delictivo esta la obligación de demoler la obra y llevar a cabo la reposición a su estado original del espacio natural protegido.

Los agentes hallaron un nuevo modus operandi en la comisión de este tipo de delito por parte de los principales promotores. Estos procedían a la adquisición de fincas rústicas, donde el uso está muy restringido debido a su protección medioambiental, a un precio relativamente económico, procediendo posteriormente a su segregación y parcelación. Estas parcelas, perfectamente delimitadas, eran vendidas posteriormente a un precio mucho más elevado, con la falsa creencia de que las construcciones en esas parcelas quedarían legalizadas en el tiempo por prescripción.

Además, estos promotores llegaban al punto de facilitar a los compradores dotaciones de servicios, tales como la construcción de manera conjunta de los cerramientos exteriores, colocación de portones de acceso a las sub parcelas e incluso gestionando la contratación de suministros de abastecimiento de agua de consumo humano utilizando a un instalador autorizado, falseando los boletines de instalación para obtener el suministro.

Posteriormente, los nuevos propietarios, sin contar con ningún tipo de licencia, procedían dentro de las sub parcelas que se adjudicaban, a la construcción de diferentes edificaciones de uso residencial, en su mayoría para segundas viviendas.

La Guardia Civil ha señalado que, como consecuencia, se crean núcleos poblacionales que no cuentan con los servicios mínimos necesarios, creando una problemática en la gestión de los residuos y accesos, no contribuyendo con el pago de los tributos urbanos para el mantenimiento de estos servicios, lo que causa un perjuicio en contra de los propietarios de las viviendas legalmente establecidas que pueden ver mermados sus servicios y calidad de vida, explica la Guardia Civil.