La jueza acerca al banquillo al presidente del Cabildo de Fuerteventura por el caso Gesturpa

Un auto del Juzgado de Instrucción Número 6 de Puerto del Rosario, con el que se pone fin a la instrucción del caso Gesturpa, aprecia indicios suficientes de presuntos delitos societarios, de administración desleal y de insolvencia punible para sentar en el banquillo de los acusados a Blas Acosta (PSOE), actual presidente del Cabildo de Fuerteventura.

La resolución de la jueza Ana María Sanz, dictada el pasado 7 de septiembre y a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, abre la fase de procedimiento abreviado, antesala del juicio oral, lo que da pie a la Fiscalía y a la acusación popular, representada por Votemos Fuerteventura, a presentar los escritos de acusación y la petición de penas contra el también secretario general insular del PSOE, que pasa a tener la condición de encausado.

Los hechos están relacionados con la gestión de Blas Acosta como administrador de la empresa pública Gesturpa, dependiente del Ayuntamiento de Pájara, del que el actual presidente insular fue concejal de Urbanismo. Entre los años 2010 y 2015 se detectaron diversas irregularidades contables en la sociedad, cuyo cometido era el desarrollo urbanístico del municipio majorero, que dieron la pie a la apertura del procedimiento penal que ahora afronta su recta final.

En los fundamentos jurídicos del auto, una vez examinada toda la documentación existente, se concluye que entre los ejercicios 2010 y 2015, fechas en las que Blas Acosta era administrador único de Gesturpa, se incluyeron “datos falseados” en las cuentas de la empresa pública “que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad”. La magistrada que ha llevado la instrucción hace hincapié en que “el investigado no procedió a disolver la sociedad pese a concurrir causa legal para ello, generando una situación de sobre endeudamiento de la misma”. Gesturpa no fue disuelta hasta el 28 de julio de 2016.

De especial relevancia para la jueza es el hecho de que Gesturpa recibió en 2012 un préstamo de 1,6 millones de euros “que agravó aún más la deuda que tenía en dicho momento, sin que conste justificación alguna de la necesidad de dicho préstamo ni tampoco su destino”.

Durante la instrucción se han analizado con detalle las cuentas anuales de Gesturpa y los informes de auditoría realizados, además de la práctica de una prueba pericial económica. De todo ello, la magistrada concluye que Blas Acosta no disolvió la sociedad pese a que su patrimonio neto era inferior a la mitad de su capital social, límite que establece la Ley de Sociedades de Capital.

A pesar de que la cifra de negocio de Gesturpa en 2011 y 2012 fue cero, se adquirió un préstamo del Ayuntamiento de Pájara de 1,6 millones de euros que provocó un mayor endeudamiento de la sociedad pública. En el auto se expone que, además de que no estaba justificado y de que se desconoce su destino, “se pidió a sabiendas de que no se podía devolver dada la falta de actividad” de la empresa.

También se llega a la conclusión de que se falsearon datos en las cuentas, de manera que se sobrevaloraron activos mientras que se infravaloraba el resultado de los ejercicios contables. En el pasivo de Gesturpa, de igual forma, se incluyeron, bajo el epígrafe de “otras deudas a corto plazo”, cuantías que carecen de justificación, según el auto.

Las acusaciones pueden ahora presentar sus escritos de conclusiones provisionales de cara a la apertura de juicio oral o, si así lo estiman, solicitar el sobreseimiento de la causa. También se abre el plazo para que la defensa del presidente del Cabildo de Fuerteventura recurra la decisión de la jueza instructora para evitar que Blas Acosta se siente en el banquillo.