Un juzgado de León ha anulado una factura de 4.805 euros remitida a un paciente con VIH, recién llegado a España y en situación de vulnerabilidad, por una atención de urgencia en el Hospital El Bierzo de Ponferrada a donde llegó tras las “trabas” administrativas de la Junta de Castilla y León que le impidieron acceder a la Atención Primaria.
La sentencia es del pasado 10 de octubre y es firme, según ha detallado este viernes la Coordinadora Estatal de VIH y Sida, Cesida, y exime al afectado del pago de la asistencia prestada en el Hospital el Bierzo entre el 18 y el 26 de diciembre de 2024. El fallo concluye que el sistema sanitario “falló en proporcionar un cauce de acceso reglado” a una persona con una patología crónica grave, obligándole a recurrir a la urgencia cuando su estado de salud “ya se había deteriorado significativamente”.
El paciente llegó a España el 19 de octubre de 2024, se empadronó en Ponferrada cuatro días después y desde el inicio buscó regularizar su acceso a la sanidad, con apoyo de la Asociación Caracol, aunque las trabas que le pusieron para acceder a la Atención Primaria derivaron en un empeoramiento y tener que recurrir a las urgencias hospitalarias.
De acuerdo a las mismas fuentes, la Justicia ha rechazado la tesis de la Administración que minimizaba la gravedad del cuadro clínico; y el magistrado considera probado que el absceso que requirió drenaje quirúrgico estaba relacionado con la interrupción del tratamiento antirretroviral y con la inmunosupresión propia del VIH no tratado, que convirtió la situación en una urgencia médica.
La sentencia, que es firme, reconoce el derecho a la gratuidad de la asistencia sanitaria prestada e impone además las costas a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Sacyl).
“Numerosas trabas”
Oliver Marcos, secretario general de Cesida, ha recordado en el comunicado que las personas migrantes “encuentran con frecuencia numerosas trabas” para acceder al sistema sanitario, y ha defendido que garantizar el tratamiento antirretroviral “debe ser un pilar fundamental” de la salud pública.
Para la abogada del afectado, Ana Beatriz González, colaboradora de Cáritas Ponferrada, el juez ha interpretado el derecho a la asistencia sanitaria “con criterio humanitario”, evitando un formalismo que perjudique a personas en exclusión. La resolución, refuerza, a su juicio, que la atención urgente no puede supeditarse a requisitos burocráticos cuando están en juego derechos fundamentales.
Las entidades de Cesida han denunciado que en Castilla y León existen ya varios casos similares de personas migrantes con dificultades para acceder al tratamiento del VIH por razones administrativas. Y han explicado que pese a las reuniones mantenidas con la Consejería de Sanidad, no se ha alcanzado una solución, por lo que han alertado de que estas prácticas generan “inequidad territorial” y situaciones de exclusión sanitaria.