Fijado para verano de 2024 el juicio en el que piden 21 años de cárcel para la familia propietaria de Friger
La Fiscalía reclama penas que suman 21 años de cárcel por alzamiento de bienes para la familia propietaria de la mercantil Española de Refrigeración S.L., matriz de la firma Friger, empresa de producción y distribución de sistemas de frío para establecimientos comerciales y hosteleros que cerró hace 11 años en la comarca del Bierzo.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada será el que acoja el esperado juicio tras la denuncia presentada por 23 empleados por alzamiento de bienes. El juicio se ha fijado para el 30 de julio de 2024 y Fiscalía pedirá tres años y medio de prisión para el dueño de la empresa, Silvestre Blanco, además de otros tres años de cárcel para su esposa y la misma pena para un hermano. Para los cuatro hijos de la pareja, otros tres años por ese mismo delito de alzamiento de bienes.
Según las diligencias previas, Silvestre Blanco, casado con María del Carmen Álvarez, abrió la empresa Friger, que se ubicaba en Ponferrada, en 2004, aunque después abrió otras sedes como la de Toral de los Vados. Cuando se jubiló este, el mando pasó a su hija Elena, como administradora única y más tarde al hermano de esta, José. Los otros dos hijos, Gabriel y Alberto, trabajaban como abogado y economista de la empresa, respectivamente.
En 2011, comenzaron los problemas con los trabajadores: llegó a tener una plantilla de 800 empleados, pero, por aquel entonces, se había reducido a la mitad. Un año después comenzaron a autorizarse las extinciones de los contratos de trabajo por causas económicas, organizativas y de producción en diversos EREs. En vista de que los trabajadores comenzaron a denunciar, vía social, los impagos, la empresa empezó a reubicar las propiedades en otras manos, algo que recoge el informe de Fiscalía.
“Todas estas maniobras fueron realizadas por los acusados a sabiendas de la situación de crisis económica de la empresa, provocando que los trabajadores no llegaran a cobrar sus créditos en las ejecuciones de los procedimientos laborales, que se iniciaron en el año 2011 y fueron asumidos por parte del Fogasa”, dice el escrito de la Fiscalía. A los 23 empleados se les adeudan 967.914 euros.
La Fiscalía pide, además de la pena de cárcel, 22 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros con responsabilidad civil subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas para el dueño inicial, para el padre. La petición será de 20 meses para el resto de acusados.
