La Fiscalía pide 4 años de cárcel a un exalcalde del PP de Villafranca del Bierzo por fraude en obras del Plan E
El exalcalde del PP de Villafranca del Bierzo Agustín García Millán se sienta este lunes y martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León por presunta prevaricación en obras del Plan E hace 14 años. El 'popular' adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad la instalación eléctrica del polígono industrial de Vilela por más de 200.000 euros, que recibió pero no se hizo.
La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel, veinte meses de multa con una cuota diaria de veinticinco euros, inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años.
Además, le reclama el pago de manera solidaria junto a los otros dos acusados, un técnico y el contratista de la empresa a la que se le encargó la obra, del pago al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas los 206.000 euros de la ayuda y las costas procesales.
Los hechos que llegan a juicio se remontan al año 2009, cuando García Millán era alcalde de la villa del Burbia bajo las siglas del PP. En Junta de Gobierno Local solicitó la acometida eléctrica en media tensión del polígono industrial de Vilela con cargo al Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).
Para ello, recibió una subvención de 206.000 euros. La redacción del proyecto y la supuesta ejecución de las obras fueron encomendadas a la empresa Instalaciones Eléctricas Blanco, por la que tendrán que responder el contratista J.B.A. y un ingeniero industrial D.R.M.
“Durante la ejecución de la obra, y en aras de la obtención de los fondos públicos”, se firmaron por parte de la empresa “cuatro certificaciones acreditativas de la realización de las obras” que iban liberando pagos parciales de la subvención, “a sabiendas de su falsedad”, recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.
El exalcalde y los dos acusados por parte de la empresa firmaron “el acta de recepción de obra”, haciendo constar que “se procede al reconocimiento de las expresadas obras y encontrando que cumplen las cláusulas del contrato y en especial las condiciones técnicas, acordando recibirlas, a sabiendas de que la realidad es otra”. La acometida realizada no se encontró con línea alguna, “siendo perfectamente visible que en los lugares donde asoman los tubos de la canalización no se ven entubados conductores de alta tensión, como tampoco existe a lo largo del trazado elegido para la acometida arquetas de tiro que facilitarían la introducción de los conductores de alta tensión en los tubos”.
Los hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento público cometido por autoridad, un delito continuado de falsedad en documento público y un delito de fraude de subvenciones.
El técnico y el contratista se enfrentan, cada uno, a tres años de prisión y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de tres años, además del pago solidario de los 206.000 euros de la ayuda que recibieron por unas obras que no se llevaron a cabo.
