La Fiscalía ha solicitado condenas que oscilan entre cinco y nueve años de prisión para un total de 16 personas -trece hombres y tres mujeres- a las que acusa de distintos delitos contra la salud pública en el marco de una operación desarrollada en el Bierzo y Valdeorras entre 2016 y 2017.
La Audiencia de León celebrará el juicio los días 25, 26 y 27 de noviembre, en el que se examinará la presunta implicación de todos ellos en la distribución de cocaína, hachís, marihuana, éxtasis, THC y anfetamina en varios puntos de ambas comarcas.
La Fiscalía atribuye a tres de los procesados una agravante por realizar supuestamente parte de la actividad delictiva en locales abiertos al público.
Uno de esos establecimientos, una tienda de alimentación situada en Molinaseca, fue el origen de la investigación.
Según el ministerio público, la primera intervención tuvo lugar en enero de 2016, cuando la Policía Nacional interceptó a un cliente del comercio portando una dosis de cocaína.
A partir de ese momento se autorizaron escuchas telefónicas que, según el escrito fiscal, permitieron constatar que los responsables del negocio lo utilizaban para la venta de estupefacientes. Para el matrimonio que regentaba el local se solicitan penas de ocho años de cárcel y una multa de 28.000 euros.
Durante las pesquisas se identificó también al presunto proveedor de la tienda, un vecino de Ponferrada donde se hallaron, entre otros efectos, 155 gramos de cocaína en roca y diferentes cantidades de cannabis.
La investigación sitúa además al hermano de la propietaria de la tienda y a su pareja como supuestos distribuidores de la mercancía hacia otros puntos de la comarca.
Ambos obtenían la droga, según la Fiscalía, de otro matrimonio que la derivaba posteriormente a un bar de Toral de los Vados. Desde ese establecimiento se habría extendido la venta a distintos municipios del Bierzo y también a zonas de Valdeorras (Ourense). Para el responsable del bar se solicita la pena más elevada: nueve años de prisión y una multa de 137.000 euros.
En conjunto, el ministerio público reclama penas de hasta nueve años para los implicados y sanciones económicas que superan los 130.000 euros, al considerar que todos ellos participaron en una estructura de distribución articulada en varios niveles y puntos de venta.