Un gran fraude del vino del Bierzo a juicio: Fiscalía pide hasta 21 años de cárcel por vender “sucedáneos” adulterados con antibiótico
La Audiencia Provincial de León juzgará este noviembre, durante ocho sesiones, uno de los mayores presuntos fraudes alimentarios y vinícolas destapados en España en los últimos años. La Fiscalía solicita penas de hasta 21 años de cárcel para los principales integrantes de una trama empresarial asentada entre Ourense y El Bierzo, acusada de adulterar vino de baja calidad, falsificar etiquetas y venderlo como si perteneciera a denominaciones de origen protegidas como Bierzo, La Mancha o Vino de la Tierra de Castilla y León.
La investigación arrancó en 2018 gracias a una denuncia presentada por responsables de la Denominación de Origen Bierzo tras detectar irregularidades en una bodega de Cabañas Raras. Aquella alerta llevó al Seprona de la Guardia Civil a descubrir una estructura empresarial mucho más amplia que, según el Ministerio Público, llevaba años operando de forma fraudulenta desde instalaciones en las provincias de León y Ourense.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este medio, la trama estaba encabezada por un matrimonio ourensano y su hijo de la familia de los Caride, considerados por la Fiscalía los máximos responsables de varias sociedades vinícolas como Compañía Europea Exportadora de Vinos SL, Compañía Vinícola del Sur de Europa SL, Bodegas Luis Caride SL o Ana Lamas SL. Para poder operar bajo el sello Bierzo y la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León habrían creado además la sociedad Compañía Exportadora Vinícola del Bierzo SL, instalada en Cabañas Raras, utilizada presuntamente como “puerta de entrada” al mercado berciano.
La Fiscalía sostiene que desde esas instalaciones se compraron masivamente vinos procedentes de Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia y La Rioja para después embotellarlos y comercializarlos con etiquetados falsos o utilizando contraetiquetas oficiales de forma fraudulenta. Solo entre 2014 y 2019, el escrito cifra en más de 1,6 millones las botellas presuntamente comercializadas de manera irregular.
La Fiscalía sostiene que no era vino, sino un “sucedáneo”
La acusación describe hasta siete grandes modalidades de fraude: vinos embotellados por encima de las cantidades autorizadas, marcas que nunca tuvieron permiso para usar denominaciones protegidas, utilización ilegítima de tirillas oficiales en botellas distintas, uso indebido de la marca Tierra de Sabor y comercialización de vinos con falsas referencias a la DO La Mancha. Entre las marcas investigadas aparecen nombres como Cruz de Hierro, Viña Castelao, Bacelo, Castillo del Rey o Tuco y Nala.
Pero la parte más grave de la acusación no se limita al fraude comercial. El Ministerio Público sostiene que el producto final ni siquiera podía considerarse legalmente vino, sino un “sucedáneo”, tras ser manipulado mediante mezclas y añadidos prohibidos. Dos enólogos procesados habrían participado, según el escrito, en la transformación del producto utilizando agua, colorantes, aromas, azúcares no vínicos, alcoholes ajenos al vino y otros compuestos destinados a modificar artificialmente sabor, color o graduación.
Durante los registros realizados en mayo de 2019 se encontraron, según la investigación, edulcorantes, colorantes, ácidos y más de un kilo de natamicina, un antibiótico antifúngico cuyo uso está permitido únicamente en determinados quesos y embutidos, pero prohibido en vino. La Fiscalía considera especialmente grave la utilización de esta sustancia porque, aunque no provocaría intoxicaciones agudas inmediatas, sí podría generar resistencias a antibióticos en consumidores habituales.
Los investigadores advierten además del enorme daño reputacional que un caso así podría provocar en el sector vitivinícola español, especialmente en mercados internacionales. Parte del vino se exportaba al extranjero y las pesquisas detectaron una compleja red de etiquetado y distribución que daba apariencia de legalidad y trazabilidad a productos que, según la acusación, incumplían completamente las normas de origen y calidad.
La causa también señala a un impresor de Ourense, administrador de Gráficas Galegas SL, acusado de fabricar etiquetas, contraetiquetas y tirillas presuntamente falsas para las distintas marcas investigadas. Junto a él figura además un empresario lucense vinculado a Prior de Pantón SL, acusado de colaborar en la comercialización irregular de varias marcas de vino utilizando registros embotelladores y autorizaciones que no le correspondían.
La Junta de Castilla y León llegó incluso a ordenar el cierre y clausura de la actividad en las instalaciones de Cabañas Raras en 2017 por irregularidades sanitarias y de seguridad alimentaria, aunque, según la Fiscalía, la actividad continuó pese a la resolución administrativa.
En total, el Ministerio Fiscal acusa a los procesados de organización criminal, estafa agravada, falsificación continuada de certificados, delito contra la salud pública y delitos contra la propiedad industrial. Para los tres principales acusados solicita penas que suman 21 años de prisión, mientras que para el resto reclama condenas de entre cinco y 17 años, según el grado de participación atribuido a cada uno.
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía reclama indemnizaciones millonarias para las entidades perjudicadas: más de 284.000 euros para la DO Bierzo, 180.000 euros para la DO La Mancha y más de un millón de euros para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), calculadas a razón de un euro por cada botella presuntamente fraudulenta puesta en el mercado.
La investigación permitió también inmovilizar más de 26.000 botellas distribuidas en supermercados y cadenas comerciales de toda España, entre ellas Carrefour, Alcampo, Eroski, Gadisa o E.Leclerc.
El juicio oral, uno de los procedimientos penales más complejos instruidos en los últimos años en Ponferrada, llega ahora a su fase decisiva después de más de cinco años de investigación y trámites judiciales. La vista analizará si detrás de la aparente comercialización de vino con sellos de calidad se escondía realmente una red organizada dedicada a adulterar productos y falsificar su origen para venderlos masivamente dentro y fuera de España.