La Junta sanciona a Palacios del Sil por destrozos en una senda y exige restaurar el 'santuario' de urogallo al que afectó

Pista abierta en zona de protección de urogallos, con cartel de advertencia.

Carlos J. Domínguez

Casi cuatro meses después de que ILEÓN se hiciera eco de la polémica construcción de una pista forestal en montes de las localidades de Cuevas del Sil y Matalavilla, pertenecientes al Ayuntamiento de Palacios del Sil, la Junta de Castilla y León ha confirmado que la misma ha afectado gravemente a una zona muy sensible para la especie protegida del urogallo cantábrico y ha resuelto la situación con una sanción por ello.

En concreto, según confirman fuentes oficiales de la Delegación Territorial de la Junta en la provincia, el Servicio de Medio Ambiente ha adoptado la decisión de abrir un expediente sancionador que finalmente se dirige contra el propio Ayuntamiento de Palacios del Sil, si bien éste ahora todavía puede presentar alegaciones si considera que no es de su responsabilidad.

Pero mientras tanto, el expediente obliga a la restauración de esta zona, auténtico 'santuario' de los pocos ejemplares de urogallo que ya quedan en España. No hay que olvidar que oficialmente quedan menos de 300 ejemplares de la especie de urogallo cantábrico en el país y el 80% de ellos localizan en una pequeña de la Montaña leonesa, entre la cual se encuentra el Alto Sil, donde se ejecutó esa senda, de grandes dimensiones.

La imagen que se acompañó con la primera denuncia que protagonizó la asociación Filón Verde, en septiembre del pasado año, ya evidenciaba que los trabajos ejecutados en junio afectaban de lleno al 'santuario' del urogallo. No en vano, junto a la pista forestal ampliamente ensanchada se apreciaba el cartel de la limitación temporal de acceso, tránsito y estancia que la propia Junta había impuesto en las zonas de cantaderos de urogallo, como esta, durante la época de cría, apenas un mes antes de la obra. En ese momento, contravenir esa limitación conllevaba multas de entre 5.001 y 200.000 euros.

La pista discurría por la senda que unía las brañas de La Seita, en Cuevas del Sil, con la de Zarameo, en Matalavilla, continuando hasta el collado que la separa del monte de Trasmundo. En su integridad formaba parte de las áreas críticas definidas en el Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico de la Junta de Castilla y León, tal y como resaltó Filón Verde.

Defensa y ataque del Ayuntamiento

La cuestión es que el Ayuntamiento de Palacios del Sil, ahora sancionado, y obligado a reparar la zona, no se hacía responsable de aquellos trabajos e incluso llegaba a criticar a la propia Delegación de la Junta en León. El alcalde del PP, Roberto Fernández, señalaba que si se empleó maquinaria municipal fue por un acuerdo de 'préstamo' de la misma pero negando que la obra fuera suya.

En todo caso, censuraba que la Junta “no hacen caso ni dan solución” a las necesidades del creciente número de ganaderos de la zona, que se han multiplicado, y necesitan el uso de “una enorme red de caminos, unos 65” en la zona, de los que “la Junta ha autorizado apenas seis” para permitir un paso digno, añadiendo que apenas se ensancharon dos metros para el paso mínimo de un tractor. Y negando tajantemente que se hubiera afectado a cantaderos. Si el Consistorio tiene pruebas de todo esto, podrá incorporarlas en modo de alegaciones al expediente.

Triple denuncia

Por si faltaba algo en esta polémica, tres asociaciones presionaron a la Junta para que interviniera. Fueron Filón Verde, la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica y Geotrupes, que exigieron a Medio Ambiente informes técnicos sobre las nuevas sendas o pistas o apertura de antiguas en hasta “ocho enclaves” extremadamente sensibles para la supervivencia de la especie.

Del mismo modo, exigían al unísono la elaboración oficial de un nuevo plan de recuperación de la especie, basado en el mejor conocimiento científico disponible, ya que el actual Plan de Recuperación del Urogallo en Castilla y León no está siendo siquiera “evaluado periódicamente y revisado cada seis años”, como es preceptivo, y además “han transcurrido 13 años desde su publicación y ni se han publicado las dos revisiones indicadas en el propio plan ni se ha efectuado la evaluación del cumplimiento de sus objetivos”.

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