Los municipios mineros exigen un fondo estatal estable para compensar la posible merma europea en la Transición Justa
Los alcaldes de distintos territorios españoles afectados por el cierre de actividades mineras y energéticas han reclamado este viernes, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Red de Municipios en Transición Justa de la FEMP celebrada en Igüeña, la creación de un fondo presupuestario estatal estable para afrontar su futuro.
La reunión ha estado presidida por la alcaldesa de Ibias (Asturias) y presidenta de la Red, Gemma Álvarez, quien ha defendido la necesidad de mantener el compromiso de las administraciones con unos territorios que, según recordó, durante décadas sostuvieron el desarrollo energético del país.
“Estos municipios no tienen la capacidad tractora de otros”, ha señalado Álvarez, quien ha advertido de que necesitan el respaldo económico de las administraciones para compensar la posible disminución de los fondos procedentes de Europa.
En este sentido, ha recordado que “hay municipios con cero euros de inversión y es una deuda que tiene el Estado y las comunidades autónomas con ellos”, porque fueron “el sostén del país durante muchos años”.
Durante el encuentro los representantes individuales han aprobado una declaración institucional en la que la Red reclama que la transición energética se traduzca en reindustrialización, empleo y nuevas oportunidades para las comarcas afectadas por el cierre de explotaciones mineras, centrales térmicas e instalaciones energéticas.
Álvarez ha explicado que la situación de estos territorios ya ha sido trasladada a las instituciones europeas y ha avanzado que volverán a plantearla a finales de este mes en Alemania, con el objetivo de reclamar “una transición real en todos los municipios”.
El documento también pide que las empresas promotoras de proyectos industriales y energéticos cumplan sus compromisos de empleo, inversión, desarrollo industrial y retorno social, así como incentivos específicos para favorecer la llegada de nuevas inversiones.
Entre las medidas propuestas figura también que el Instituto para la Transición Justa elabore un informe anual de evaluación sobre el grado de ejecución de las inversiones, el empleo generado y el impacto económico de las intervenciones en cada territorio.
La Red defiende que sus municipios no reclaman un trato de favor, sino “el reconocimiento al esfuerzo realizado durante décadas y el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos”.
La declaración resume su reivindicación en una idea: “La descarbonización debe ir acompañada de reindustrialización”.
