Piden condenar a unos suegros por engañar a una mujer sorda para quitarle su vivienda en León
La Fiscalía pide condenar a los suegros de una mujer con discapacidad auditiva por un presunto delito de estafa agravada, al considerar que la engañaron tras quedarse viuda para que firmara un documento con el que perdió los derechos de usufructo sobre su vivienda y varias fincas heredadas de su marido.
El juicio se celebrará el próximo 21 de abril en la Audiencia Provincial de León. El Ministerio Público solicita para los acusados seis meses de prisión, multa y la nulidad de la escritura firmada en 2011.
Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a 2005, cuando falleció el marido de la mujer. A partir de ese momento, ella pasó a tener el usufructo vitalicio de la vivienda familiar y de varias fincas rústicas.
La víctima tiene reconocida una discapacidad del 57% por una hipoacusia bilateral severa, lo que le impide mantener conversaciones sin intérprete de lengua de signos, una circunstancia clave en este caso.
Tras la muerte de su esposo, la mujer mantuvo una relación de confianza con sus familiares políticos, con quienes llegó a convivir de forma intermitente. Según la Fiscalía, fue en ese contexto donde se produjo el supuesto engaño.
Siempre según la acusación, los suegros le plantearon un intercambio de usufructos que, en apariencia, le resultaba beneficioso. Sin embargo, el 2 de marzo de 2011 firmó en notaría un documento que en realidad suponía la venta de sus derechos hereditarios por algo más de 17.000 euros, una cantidad que, según sostiene el Ministerio Público, nunca llegó a cobrar.
La clave del caso está en que la mujer habría firmado convencida de que estaba haciendo una permuta, no una venta. Además, la Fiscalía subraya que en ese acto notarial no se garantizó que comprendiera el contenido del documento, ya que no contó con intérprete ni se hizo constar su discapacidad.
Durante años, la mujer siguió viviendo en la vivienda creyendo que mantenía sus derechos. No fue hasta 2017, cuando recibió una notificación de embargo de la Agencia Tributaria, cuando descubrió lo que había ocurrido. A partir de ahí presentó una querella que llegó a paralizar la subasta del inmueble.
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de estafa agravada, al afectar al derecho a la vivienda, aunque también aprecia una atenuante por dilaciones indebidas debido al largo tiempo que ha tardado el caso en llegar a juicio.
En el proceso será clave determinar si la mujer comprendió realmente lo que firmaba y si existió o no un pago efectivo por esos derechos.
Además de las penas de prisión y multa, el Ministerio Público solicita que se anule la escritura firmada en 2011 y que se restituyan los derechos de la víctima, así como mantener las medidas cautelares sobre el inmueble para garantizar una posible indemnización.