El PP niega que el exalcalde y dos concejalas de Bembibre cometiesen un delito de prevaricación
El PP de Bembibre rechaza que el exalcalde de la localidad por esa formación, José Manuel Otero, y las dos concejalas Elsa García y Laura Álvarez, hayan cometido algún delito en relación con el cobro, por parte de las concejalas, de 900 euros por su participación en la Junta de Coordinación sin ser miembros del órgano, según denunció la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao. El Juzgado de Ponferrada ha abierto diligencias por este supuesto delito y los investigados deberán comparecer el 19 de junio.
Los populares se preguntan por qué Cao ha tardado cuatro años en presentar esa denuncia si estaba convencida de que se incurrió en algún tipo de delito. “¿Por qué esta denuncia ahora, transcurridos cuatro años y medio de su toma de posesión como alcaldesa?, si como dice, conocía esto antes, ¿por qué no lo puso en manos de la justicia en su momento?, ¿acaso tenía algún motivo para mirar para otro lado?, ¿le incomoda quizá la oposición actual?”, pregunta el PP, quien recuerda que las concejalas asistieron a esas Juntas de Coordinación después de que el alcalde cesara a otros dos ediles, quienes se iban a presentar a las elecciones con otra formación política.
“Esas funciones de área, así como su pertenencia a la Junta de Coordinación, fueron asumidas por otros concejales fieles al gobierno al que pertenecían, percibiendo las indemnizaciones por asistencia a los órganos que les corresponden por sustitución como procede en estos casos”, aseguran.
El PP recuerda que este tipo de situaciones también se dan ahora. “Es algo que se viene dando también frecuentemente a lo largo de todos estos años de mandato de Silvia Cao... ¿o no ocurre lo mismo cada vez que Belén Martín sustituye a Gerardo Álvarez Courel en la Mancomunidad?”, dicen los populares.
“La alcaldesa habla de incompatibilidad en la asistencia y en los cobros a sabiendas de que no se produce. Sirva como ejemplo el caso de Serafín Vázquez, que además de las asistencias de su área delegada, cobraba las indemnizaciones correspondientes a su nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno tras la dimisión entonces de Sigifredo Benavides, actual socio de gobierno del PSOE municipal. ¿Por qué no se pone esto en manos de la justicia.? porque todos sabemos que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) no recoge ninguna ni incompatibilidad ni en la asistencia ni en la retribución de los dos órganos”, añaden.
Por eso cree que esta denuncia se debe solo al “afán de revancha por parte de la alcaldesa”. “Las concejalas del PP asumieron estas concejalías y, por tanto, no vemos la irregularidad en el hecho de que percibieran las retribuciones estipuladas para dichas funciones”, finalizan.
