El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para solicitar que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización “urgente, exhaustiva e independiente” sobre la contratación y la ejecución del gasto de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Transición Justa. La propia titular de la cartera y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ya ha prometido “máxima colaboración” en torno a las investigaciones sobre la gestión de la entidad asentada en El Bierzo.

La propuesta, que ha dado a conocer el PP en una nota de prensa, ha sido impulsada por las diputadas leonesas Ester Muñoz y Silvia Franco, quienes piden que el órgano fiscalizador revise todos los contratos y pagos realizados por Ciuden entre los años 2021 y 2025 —y, en su caso, también durante 2026— ante lo que califican como una acumulación de dudas e indicios sobre la gestión de fondos públicos en la entidad.

Según explican desde el grupo popular, la solicitud busca analizar con detalle la contratación menor realizada por la fundación, su motivación, la posible existencia de fraccionamientos de contratos, la repetición de adjudicaciones a determinados proveedores o la agregación de encargos por concepto. También reclaman revisar la ejecución y el pago de esos contratos, así como los procedimientos ordinarios de contratación.

Entre los aspectos que el PP pide estudiar figura un contrato licitado por Ciuden en mayo de 2025 por 471.900 euros, adjudicado finalmente a la empresa Base Sistemas y Suministros S.A. por 458.590 euros después de que cuatro de las cinco ofertas presentadas fueran excluidas antes de abrirse las propuestas económicas.

La iniciativa también plantea que el Tribunal de Cuentas examine los circuitos de pago utilizados por la fundación, la documentación justificativa de los gastos, los asientos contables y el posible uso de mecanismos como anticipos, caja fija o pagos a justificar.

En caso de que se detectaran indicios de responsabilidad contable por perjuicio a los fondos públicos, el órgano fiscalizador podría actuar dentro de sus competencias.

Las diputadas populares sostienen que Ciuden debe ser una herramienta al servicio de las comarcas mineras y de su proceso de transición energética, y consideran que la entidad debe ofrecer “máxima transparencia” en la gestión de los recursos públicos.

Desde el PP de León defienden que la revisión externa permitiría aclarar las dudas existentes y garantizar que el dinero público destinado a proyectos vinculados a la transición justa en El Bierzo se gestiona con “rigor, control y respeto a la legalidad”.