El Procurador del Común pide revisar el caso de una menor trans del Bierzo a la que Sacyl aplazó el tratamiento dos años
El Procurador del Común de Castilla y León pide al Sacyl que revise el caso de una menor trans del Bierzo a la que el Hospital Clínico Universitario de Valladolid aplazó el inicio de una terapia hormonal de afirmación de género dos años, hasta que cumpliera los 16. La institución considera que tiene que volver a estudiarse el asunto, teniendo en cuenta su situación clínica actual, su edad, su grado de madurez y su evolución desde las últimas valoraciones que le hicieron en 2025.
La resolución, dictada en septiembre dentro de un expediente abierto tras la queja presentada por la familia, pone el foco en una contradicción detectada en la propia explicación de la Administración autonómica. Sacyl sostiene que los 16 años ya no constituyen un criterio rígido para iniciar este tipo de tratamientos, pero en el caso de esta menor esa edad ha sido precisamente el argumento utilizado para aplazar la terapia. El Procurador considera que no se debería utilizar automáticamente como razón para posponer el tratamiento y reclama una valoración individual de las circunstancias de cada paciente para determinar cuándo procede iniciarlo.
La menor había sido atendida tanto en el Hospital El Bierzo como en el Hospital Clínico de Valladolid, centro que opera como Unidad de Identidad de Género de referencia para las áreas sanitarias tanto de Valladolid como de León y El Bierzo. La paciente había empezado a los 12 años y tres meses una terapia bloqueadora del desarrollo puberal y fue derivada a Valladolid para su seguimiento y para valorar una posible terapia hormonal de afirmación de género.
Fue en una consulta el 14 de febrero de 2025, cuando tenía 14 años y cuatro meses, cuando se comunicó a la familia que el protocolo no contemplaba iniciar la terapia hormonal hasta los 16 años. Posteriormente, el Comité interservicios de disforia de género volvió a estudiar el caso, el 4 de abril de ese año, y mantuvo el criterio de aplazar el tratamiento hasta que la menor alcanzara esa edad.
Sacyl defiende que no hubo denegación de asistencia
La Consejería de Sanidad defendió ante el Procurador del Común que la menor había recibido una atención integral basada en criterios clínicos y en las recomendaciones del equipo multidisciplinar especializado. Según la información remitida a la institución, la familia no estuvo de acuerdo con el aplazamiento del tratamiento y decidió no continuar en la Unidad de Identidad de Género del Clínico, además de rechazar la consulta que estaba prevista ese mismo día con el Equipo de Salud Mental Infanto-Juvenil.
La Administración autonómica explicó también que la atención a las personas trans en Castilla y León se articula mediante un modelo que combina la asistencia de proximidad con la atención especializada de las Unidades de Identidad de Género. En el caso de León y El Bierzo, la unidad de referencia se encuentra en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Sacyl sostiene que, en contra de lo que ha sucedido con esta paciente, el inicio de los tratamientos hormonales no depende actualmente de forma exclusiva de la edad, sino de la valoración de un equipo multidisciplinar y de la madurez de la persona menor para comprender el procedimiento y sus implicaciones.
Sin embargo, el Procurador considera que esa explicación no concreta de manera suficiente cuáles eran las circunstancias clínicas, personales o de madurez específicas de la menor. La institución reconoce que debe actuarse con prudencia ante tratamientos que pueden tener efectos parcialmente irreversibles, pero entiende que esa misma prudencia obliga a valorar también las consecuencias que puede tener el aplazamiento de los mismos para personas en pleno desarrollo.
Por ello, el Procurador deja claro que no entra a determinar si la terapia debía haberse iniciado necesariamente cuando la menor tenía 14 años y cuatro meses, ni sustituye el criterio médico de los profesionales. Lo que cuestiona es que la decisión pueda descansar únicamente en una regla cronológica cuando la propia Administración reconoce que los 16 años ya no son un límite rígido.
Sin patologizar la identidad trans
La resolución aborda, además, la participación de los servicios de Salud Mental. El Procurador no considera contraria a la ley la intervención de estos profesionales dentro de un equipo multidisciplinar, especialmente tratándose de una menor y de decisiones de especial trascendencia. Pero establece que esa participación debe responder a una finalidad asistencial concreta y no convertirse en un procedimiento destinado a validar psiquiátricamente la identidad de género como condición para acceder a la atención sanitaria.
El criterio se apoya en la Ley 4/2023, que establece que la atención sanitaria a las personas trans debe regirse, entre otros, por los principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación. En el caso de los menores, además, debe primar su interés superior.
Y, la resolución, señala otro punto relevante: la proximidad. El Procurador no considera irregular que la menor fuera derivada al Clínico de Valladolid, teniendo en cuenta que se trata de la unidad de referencia, pero sí reclama que las consultas, controles y seguimientos que no necesiten atención especializada puedan realizarse en el área sanitaria de residencia para evitar desplazamientos innecesarios.
La Consejería de Sanidad tiene dos meses para comunicar al Procurador del Común si acepta o no sus recomendaciones, y, en caso de no hacerlo, deberá explicar su decisión.
Para la presidenta de la Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, el caso refleja las dificultades que todavía encuentran las personas trans para acceder a una atención sanitaria que considere sus necesidades. “Resulta que las personas LGTB se tienen que partir la cara en las instituciones públicas para que se les atienda de manera digna”, lamenta en declaraciones a elDiario.es. Martín considera especialmente preocupante que haya sido necesario acudir al Procurador del Común y señala que la menor “está sufriendo porque no puede vivir conforme a lo que siente y a lo que es, y se le ponen trabas a su vida”.
La representante de Fundación Triángulo cuestiona además qué está ocurriendo en el Hospital Clínico de Valladolid para que, según sostiene, la atención no esté tan normalizada como en otros centros hospitalarios. “No se ponen medidas para que esto no pase”, denuncia.
