Absolución de un delito de revelación de secretos para la secretaria del Ayuntamiento de Castropodame
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha absuelto a la secretaria del Ayuntamiento de Castropodame de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por la que se le había juzgado, absolución que se basa en la ausencia de pruebas concluyentes en su contra.
El juez desestima así, y ya de manera definitiva, que se produjera delito alguno y no atiende finalmente la petición de penas de más de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para ocupar empleo o cargo público, tras el juicio celebrado en su contra el pasado mes de marzo de este año, reclamándosele además el pago de 4.000 euros en concepto de indemnización por perjuicios y daños morales.
La secretaria municipal había sido denunciada por unos hechos ocurridos en noviembre de 2021 bajo la acusación de haber difundido en esa fecha a través de un estado de la aplicación de mensajería Whatsapp un documento de queja que se había registrado en el Ayuntamiento en el que ella era funcionaria, algo que finalmente no ha podido ser probado. La denuncia se apoyaba en el testimonio de la alcaldesa de Castropodame y de otra mujer que había ido en sus listas electorales.
La sentencia definitiva establece que “la credibilidad conferida a las mismas”, en referencia a las dos que prestaron testimonio contra la secretaria interventora, “ha de ponerse en entredicho” a causa de numerosos conflictos laborales previos en el Consistorio, una situación que ha motivado desde hace tiempo numerosos expedientes disciplinarios abiertos contra la ahora absuelta.
El tribunal da por bueno que no ha quedado acreditado que la captura de pantalla del documento de queja registrado por la denunciante en el Consisotrio hubiera llegado a estar en el teléfono de la acusada, así como aclara que en la instrucción del caso, llevada por el Juzgado número 8 de Ponferrada, no se comprobaron los terminales telefónicos de la denunciante o de la alcaldesa de Castropodame, así como tampoco se peritó el teléfono de la funcionaria habilitada nacional a pesar de que lo puso a disposición del Juzgado, y perdiéndolo después la Guardia Civil cuando estaba en su poder para hacer la prueba pericial.
