UPL exige 30 horas de intérprete de lengua de signos para una alumna del instituto Virgen de la Encina de Ponferrada
Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama a la Junta de Castilla y León que asigne 30 horas semanales de intérprete de lengua de signos española (ILSE) para cubrir la totalidad de la jornada lectiva de una alumna con sordera profunda del instituto público Virgen de la Encina de Ponferrada. La formación ha registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas para exigir una solución a este caso y promover cambios legislativos que prioricen la lengua de signos como recurso educativo esencial.
Los leonesistas consideran que ningún estudiante con necesidades específicas de apoyo educativo debe ver reducidas las horas de interpretación por motivos económicos, de distribución geográfica o por una planificación deficiente de la Administración. Por ello, piden que la Junta garantice los recursos necesarios para que el alumnado con sordera pueda seguir las clases en condiciones adecuadas y ejercer plenamente su derecho a la educación.
Entre las medidas planteadas, UPL reclama instrucciones expresas a la Inspección Educativa y a los centros escolares para que se apliquen de forma obligatoria las adaptaciones curriculares, metodológicas y de evaluación que precise cada alumno. La formación también pide que la falta de horas de intérprete no perjudique el rendimiento académico ni condicione la obtención del título de ESO, que, a su juicio, debe evaluarse atendiendo a las competencias reales del estudiante y no a las barreras de comunicación que encuentre en el aula.
UPL sostiene que detrás de las cifras de la Consejería de Educación hay situaciones personales que evidencian las consecuencias de la falta de recursos. Según denuncia, algunos alumnos con sordera profunda, pese a demostrar capacidad y buenos resultados, encuentran dificultades para comunicarse con sus profesores y relacionarse con sus compañeros por no disponer de intérpretes durante toda la jornada. Esta carencia, advierte, limita sus posibilidades de aprendizaje y favorece su aislamiento dentro de los centros educativos.
La formación leonesista también señala que las familias llevan años reclamando una respuesta de la Administración autonómica para garantizar este apoyo, con el caso del IES Virgen de la Encina como ejemplo de una situación que, según critica, se ha prolongado entre obstáculos burocráticos y falta de soluciones.
Por último, UPL considera que esta situación vulnera los derechos reconocidos en la Ley 27/2007, que regula los medios de apoyo a la comunicación oral y el reconocimiento de las lenguas de signos españolas. La formación advierte además de las consecuencias emocionales que puede provocar en los menores la falta de recursos para seguir las clases, incluida la aparición de ansiedad, y reclama una respuesta política que convierta la educación inclusiva en una garantía efectiva y no en una declaración de intenciones.