Un empresario berciano acepta dos años de cárcel por liberar los gases contaminantes de más de 2.000 coches en un desguace
El propietario de un desguace de Ponferrada que liberó de forma directa a la atmósfera los gases contaminantes de 2.125 vehículos en lugar de entregarlos a centros autorizados para su correcta eliminación ha aceptado dos años de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En total, su práctica liberó casi 441 toneladas de dióxido de carbono con un perjuicio económico global al medio ambiente valorado en 20.058,37 euros.
El acusado ha reconocido los hechos este lunes en la Audiencia Provincial de León y ha sido condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de ocho meses a razón de seis euros diarios, es decir, 1.440 euros, después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo y la Fiscalía haya rebajado su petición de pena de tres años iniciales a dos, la mínima para dicho delito.
La Fiscalía también ha modificado la petición de multa de los veinte meses iniciales a ocho, aunque ha mantenido la cantidad que solicitaba para la mercantil de la que el condenado es administrador, acusada formalmente como persona jurídica, cifrada en el doble del perjuicio económico ocasionado, es decir, 40.116,74 euros.
Tres años de emisiones contaminantes
Según el escrito de la Fiscalía el acusado, administrador único de un centro autorizado de tratamiento de vehículos, liberó de forma deliberada a la atmósfera los gases refrigerantes de esos más de 2.000 coches dados de baja en sus instalaciones entre los años 2019 y 2022.
El Ministerio Fiscal sostiene que el ya condenado, “a sabiendas de sus obligaciones legales”, no llevó a cabo el tratamiento de residuos obligatorio para la gestión de gases fluorados y halocarbonados altamente perjudiciales, empleados de forma habitual en los sistemas de aire acondicionado y climatización de los automóviles.
De acuerdo con el informe del fiscal, las instalaciones omitieron el procedimiento legal de entregar estos gases a centros autorizados para su correcta eliminación y, en su lugar, procedieron a su liberación directa.
La acusación pública cifra el impacto ambiental en la emisión indebida de un total de 308,19 kilogramos de gas refrigerante, lo que equivale científicamente a la liberación de 440,71 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera terrestre.
El fiscal asegura en su escrito que la persistencia atmosférica de estos gases puede prolongarse durante “décadas o cientos de años”, con efectos negativos directos sobre los ecosistemas marinos, la salud humana y el agravamiento del cambio climático.
