La Junta hace suyas las 'Viviendas de Prioridad Nacional' de Vox en los nuevos pisos para jóvenes de Ponferrada
La Junta de Castilla y León, Gobierno conformado por el pacto de Partido Popular (PP) y Vox, asumirá al cien por cien el concepto de VPN (Vivienda de Prioridad Nacional) acuñado por los concejales del partido de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Ponferrada. Es decir, que cuando se construyan los proyectados 80 pisos sociales para venta a jóvenes, cuyo solar acaba de ceder el Consistorio, se impondrá obligatoriamente un criterio de exclusión por empadronamiento. O lo que es lo mismo, el Gobierno autonómico dejará fuera a todos los solicitantes que no certifiquen haber estado como mínimo 10 años empadronados en España.
De este modo, la Junta asume la condición que impusieron los dos concejales del Vox en el ayuntamiento de la capital de la comarca de El Bierzo cuando en el último Pleno se aprobó la cesión de la parcela en La Rosaleda, el barrio de Ponferrada suyo símbolo sigue siendo el fantasmal rascacielos construido en la primera década del siflo XXI, el edificio más alto de toda Castilla y León, que sigue vacío como una gigantesca alegoría de la burbuja inmobiliaria.
En aquella sesión plenaria, el Grupo Socialista en la oposición se opuso de manera frontal a la enmienda excluyente de Vox, que sí votaron a favor los dos partidos del equipo de Gobierno, PP y Coalición por el Bierzo. Su portavoz, Olegario Ramón, equiparó el concepto de “prioridad nacional” con el de “comunidad del pueblo” del régimen nazi de Hitler, que defendía una sociedad alemana unida exclusivamente por lazos raciales, étnicos y de sangre. Recordó, además, que el plenario estaba imponiendo a otra administración, en este caso a la Junta de Castilla y León, un criterio de empadronamiento mínimo dilatado desde una Corporación municipal.
Pero la Junta ha certificado hoy que asume ese criterio. Y lo hace, confirmó Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, porque coincide plenamente con el polémico apartado de su pacto con Vox en Castilla y León en el que este último impuso su “prioridad nacional”, que el PP prefiere denominar más eufemísticamente “arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.
En una rueda de prensa, Carriedo aseguró que en la Junta “somos muy respetuosos” con las decisiones del Consistorio “en el ámbito de su autonomía” para a continuación insistir en que se cumplirá a pies juntillas la literalidad de su pacto de Gobierno. El apartado se denomina de “Acceso a la vivienda protegida y el alquiler social” y determina literalmente la “exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Castilla y León y España”. Y acota aún más, en plena coincidencia con lo acordado por la derecha y la extrema derecha en Ponferrada: un mínimo de 10 años para compra y cinco años para alquiler. “En este criterio se va a mover la Junta de Castilla y León en este ámbito”, zanjó el portavoz, refiriéndose por tanto no sólo al caso de los nuevos pisos a acometerse en Ponferrada sino a cualquier otra construcción social de la Comunidad autónoma.