El Ayuntamiento de Ponferrada ha recibido un requerimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el que les reclaman información sobre el estado de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, cuya ordenanza reguladora no fue aprobada en Pleno, y para recordar al equipo de Gobierno que “el cumplimiento de las obligaciones establecidas no tiene carácter opcional”.
Así lo ha comunicado el alcalde de la capital berciana, Marco Morala, que ha querido desviar la responsabilidad al Pleno, afirmado que la respuesta que remitirá al Ministerio será el certificado de las votaciones del debate de la aprobación de la ordenanza que regularía la ZBE para mostrar “quiénes votaron a favor y quiénes la rechazaron y no han permitido que Ponferrada cumpla con la legislación vigente y los plazos marcados”.
El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada rechazó la ordenanza para la entrada en vigor de la ZBE, con los votos en contra de Vox y del PSOE, después de que se rechazasen las 12 enmiendas que presentó el Grupo Municipal Socialista como condición para apoyar la ordenanza, en las que reclamaba -entre otras cuestiones- mejoras en la medición de contaminantes. La capital berciana es una de las 13 ciudades españolas que aún no han iniciado el proceso, según advierte el Gobierno que exige explicaciones al consistorio.
Como ya había informado previamente ILEÓN, tanto León como Ponferrada han reiterado en varias ocasiones que sus proyectos de ZBE no incluyen restricciones al tráfico porque consideran que los niveles de contaminación son inferiores a los límites establecidos por la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Durante la jornada del martes, El País adelantaba que el Ministerio de Transición se encuentra en una ronda de reuniones para estudiar cómo vetar proyectos que no reducen el tráfico ni la contaminación, muchos de ellos pagados con fondos europeos. El coste de la implantación de medidas para crear la ZBE en la ciudad berciana asciende a 3,5 millones de euros, estando 2,5 financiados por la Unión Europea.