Una trama de fraude de carburantes movió millones de euros a través de empresas “trucha” de Ponferrada
El Tribunal Supremo cierra definitivamente una de las mayores causas por fraude de IVA vinculadas al negocio de los hidrocarburos en la que Ponferrada ocupó un lugar relevante. Tres de las cuatro empresas consideradas “trucha” dentro del entramado estaban vinculadas a la capital berciana y por sus cuentas circularon decenas de millones de euros dentro de un complejo sistema creado para reducir artificialmente el IVA que las compañías dedicadas a la venta de carburantes tenían que ingresar a Hacienda.
El fraude del IVA en los hidrocarburos sigue siendo, de hecho, uno de los grandes focos de actuación de la Agencia Tributaria. Hacienda mantiene abiertas actualmente 35 investigaciones por posibles irregularidades en el sector, después de detectar un auge de estas prácticas, mientras que las empresas relacionadas con este tipo de fraude incluidas en su lista de morosos acumulan una deuda cercana a los 1.500 millones de euros. El mecanismo suele apoyarse en sociedades instrumentales que compran y venden carburante, cobran el IVA y desaparecen o se vacían antes de ingresar el impuesto, aunque la trama ahora sentenciada utilizó un sistema mucho más elaborado para conseguir el mismo objetivo.
La Sala de lo Penal ha rechazado todos los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional y confirma las condenas por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. La causa terminó con 20 personas físicas y dos empresas condenadas, aunque los acusados fueron absueltos del delito de pertenencia a organización criminal después de que la Fiscalía retirase esa acusación.
El origen de todo estaba en un negocio real: la compra y venta de gasolina y gasóleo. Las empresas valenciana y catalana Ital Refining, y posteriormente Meridium Petroleum, adquirían carburante dentro de depósitos fiscales. Cuando el combustible salía de estos recintos y era vendido se generaban importantes cantidades de IVA que las empresas tenían que declarar e ingresar a Hacienda.
Para reducir esa factura fiscal, según los hechos considerados probados, los responsables montaron un segundo negocio ficticio. Una extensa cadena de empresas españolas y portuguesas simulaba compraventas de metales preciosos por decenas de millones de euros. Esas facturas permitían a las compañías de hidrocarburos aparentar que habían pagado enormes cantidades de IVA en otras operaciones y utilizarlas para compensar el impuesto generado por la venta de carburantes.
Las empresas “trucha” de Ponferrada
Una pieza fundamental del mecanismo eran las denominadas empresas “trucha”, sociedades que compraban supuestamente los metales a Portugal sin IVA por tratarse de operaciones intracomunitarias. Después los revendían a otras empresas españolas cobrando IVA, pero ese impuesto que recibían nunca terminaba en Hacienda.
Tres de las cuatro sociedades identificadas en la sentencia con esa función estaban domiciliadas en Ponferrada: Maxitrade SL, Solaris Technik SL y Cation Spain SL. La cuarta era Metales Preciosos Escarlen, en Ourense. Después aparecían diferentes empresas “pantalla”, que iban facturándose entre sí los supuestos metales hasta que la mercancía volvía a Ital Refining.
El círculo quedaba así cerrado. Las empresas “truchas” bercianas acumulaban la obligación de ingresar el IVA que habían cobrado, mientras el dinero era retirado rápidamente de sus cuentas y enviado de nuevo hacia Portugal. Al mismo tiempo, Ital Refining podía descontarse como IVA soportado el que figuraba en las facturas de compra de los falsos metales y reducir de esta manera la enorme cantidad que debía pagar por sus ventas de combustible.
Las cifras reflejan la dimensión del montaje. Desde las empresas pantalla se transfirieron, según la sentencia, 64,65 millones de euros a las cuatro sociedades “trucha”. De ellos, 11,75 millones pasaron por la calle Antolín López Peláez a través de Maxitrade; 20,57 millones por la avenida Porgular por Solaris Technik y 15,53 millones por avenida España de la mano de Cation Spain. Es decir, casi 48 millones de euros pasaron por las tres sociedades vinculadas a Ponferrada. Desde el conjunto de las cuentas de las cuatro “truchas” salieron después cerca de 90 millones hacia tres empresas portuguesas.
Solaris Technik ejemplifica el funcionamiento. Una de sus cuentas se abrió en diciembre de 2015 con apenas 2.000 euros y, cuando comenzaron a llegar millones procedentes de las empresas pantalla, prácticamente todo el dinero era enviado a Portugal el mismo día. En determinadas operaciones, las “truchas” retenían alrededor de un 10% antes de que el resto del dinero continuase su recorrido.
Sal, especias o hierro por metales preciosos
Para sostener el engaño no solo crearon facturas y movieron dinero. También se esforazaron en aparentar que existía un movimiento de mercancía detrás de las operaciones millonarias. Por eso enviaban cajas entre Valencia, Portugal, Galicia y Ponferrada que supuestamente contenían metales preciosos.
Los investigadores siguieron los paquetes, los sometieron a rayos X y algunos fueron abiertos judicialmente, pero en vez de los metales preciosos que aparecían en las facturas encontraron sal, cúrcuma, manganeso, hierro, cromo, níquel, cobre o zinc.
Las mismas cajas se utilizaban además repetidamente. Los paquetes llegaban desde Portugal a las empresas de Ponferrada, donde se sustituían las etiquetas para volver a enviarlos hacia Valencia y comenzar de nuevo el circuito. Dos trabajadoras declararon durante la investigación que realizaban esos cambios de etiquetas siguiendo instrucciones.
La investigación acreditó también operaciones con oro auténtico. Las cuentas de las cuatro empresas “trucha” fueron utilizadas para transferir al menos 3,5 millones de euros a una sociedad italiana para comprar oro. Entre abril y agosto de 2016 se documentaron 15 envíos desde Milán con 18 paquetes que sumaban 87,4 kilos.
Más de 22 millones de IVA sin pagar
La Agencia Tributaria calculó que Ital Refining dejó de ingresar 2,45 millones de euros de IVA en 2015 y otros 19,54 millones durante los diez meses de 2016 investigados. A estas cantidades se añaden otros 718.711 euros correspondientes al fraude atribuido a Meridium Petroleum.
El mecanismo de facturas ficticias permitía transformar unas compraventas de metales aparentemente ruinosas en un negocio rentable gracias al ahorro fiscal. La sentencia cifra en unos 18 millones de euros el beneficio tributario generado por la operativa y señala que el resultado positivo del montaje podía superar los diez millones.
La Audiencia Nacional condenó finalmente a 20 personas físicas y a dos empresas, Ital Refining y Meridium Petroleum. Las penas varían en función de la participación de cada acusado y alcanzan, para algunos de los principales responsables, cerca de cuatro años de prisión y multas que superan conjuntamente los 24 millones de euros. Varios de ellos reconocieron los hechos, circunstancia por la que el tribunal les aplicó una atenuante muy cualificada y redujo las penas que les correspondían. Otros participantes fueron condenados como cooperadores necesarios de los delitos fiscales y, en determinados casos, también por blanqueo.
Las sociedades recibieron igualmente fuertes sanciones. Ital Refining fue multada con 2,5 millones por el fraude de 2015 y 25 millones por el de 2016, además de la sanción de cinco años sin recibir ayudas o beneficios fiscales y con su actividad suspendida.
A las condenas se añade la obligación de indemnizar solidariamente a Hacienda por las cantidades defraudadas: 2.457.835 euros correspondientes a 2015 y 19.548.781 euros por 2016 en el caso de Ital Refining, además de 718.711 euros por Meridium Petroleum. También se mantiene el decomiso de dinero, cuentas bancarias y otros bienes intervenidos, entre ellos una gasolinera situada en Castellón de la Plana.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado las condenas de la Audiencia Nacional y ha rechazado todos los recursos y considera que la Audiencia Nacional contó con suficientes pruebas personales, documentales y periciales para considerar acreditado el mecanismo. El Supremo avala también que se pueda levantar el denominado “velo” de las sociedades instrumentales. Es decir, que una empresa creada únicamente como fachada para esconder a los verdaderos responsables o sus ganancias no puede utilizarse como protección para evitar el decomiso del dinero y los bienes procedentes del delito.