Denunciada una persona en Cistierna por un falso aviso al 1-1-2 que movilizó a la Guardia Civil
La Guardia Civil ha denunciado a un hombre de 53 años de edad por realizar una llamada falsa de una emergencia que a juicio de la Benemérita se ha demostrado inexistente, a través del teléfono 1-1-2 del centro de Castilla y León y que provocó una amplia movilización policial para nada.
Según explica la Subdelegación del Gobierno en la provincia de León a través de una nota de prensa, el suceso tuvo lugar cuando el servicio de Emergencias recibió una llamada telefónica de un ciudadano en la que informaba que estaba siendo perseguido por un grupo de personas en la localidad de Cistierna. Según el aviso, varias personas tenían la intención de agredirle físicamente, pero él había conseguido refugiarse en el interior de un bar de esta localidad para impedirlo.
Ante la gravedad y urgencia de los hechos descritos, la Guardia Civil movilizó a varias patrullas que en esos momentos realizaban otros cometidos de seguridad ciudadana, cesando en los mismos para atender la emergencia. En concreto, la actuación policial fue desarrollada por la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de León y por una patrulla del puesto de Riaño.
A la llegada de las patrullas y los agentes al establecimiento hostelero indicado por el alertante, los agentes comprobaron que la persona que había efectuado la llamada ya no se encontraba en el lugar. Tras eso, se abrió una investigación para el esclarecimiento lo ocurrido y se pudo identificar al responsable de la llamada falsa.
Una vez localizado, se le informó al autor del aviso que será denunciado formalmente ante la autoridad competente, es decir, ante la Junta de Castilla y León, como presunto autor de la comisión de una infracción considerada “muy grave” que recoge la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León. Una norma en la que se cifran las sanciones con multas entre 30.001 y 600.000 euros. Eso sin perjuicio de que, llegado el caso, podría incluso ser constitutivo de un presunto delito penal de desórdenes públicos. En ese caso, la pena de prisión oscilaría entre los tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.
