La Diputación acumula chapuzas que retrasan años la construcción de un pequeño puente en la Somoza berciana
“Las cosas de palacio van despacio”. Así lo expresa el conocido dicho y literalmente así ha respondido en no pocas ocasiones el actual presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, las muchas veces que se retrasa algún proyecto, aprovechando la referencia del Palacio de los Guzmanes, sede de la institución.
Ese tipo de retrasos son bastante endémicos en la Diputación y entre los ejemplos abundan muchos referidos al arreglo de carreteras. En una provincia con la red vial más extensa -más de 3.300 kilómetros- y con mayores dificultades orográficas, las necesidades de reparación jamás terminan. Pero hay ejemplos verdaderamente sangrantes, como el que viene sufriendo un pequeño proyecto de menos de 400.000 euros para el ensanche de un estrecho puente en la carretera LE-5225 sobre el río Tejeira, en la Somoza de la comarca de El Bierzo, que conecta con Villafranca por Villar de Acero.
Hasta tal punto acumula chapuzas su tramitación, permisos y ejecución que todavía a mediados de este mes de septiembre de 2025 se acaba de aprobar en Comisión suspender con carácter retroactivo la ejecución de unas obras que deberían haber comenzado hace casi un año, en octubre de 2024. Y está por ver si el nuevo plazo otorgado, entre agosto y el 30 de noviembre de este año, el puente ha conseguido ser una realidad.
En sus múltiples expedientes de un tortuoso proceso administrativo, la Diputación provincial justificó el acuerdo de suspensión total de las obras del nuevo puente sobre el río Tejeira en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación y Desarrollo Económico. Con muchos meses de retraso, tramitaba así la solicitud presentada de la empresa adjudicataria, la madrileña Probisa Vías y Obras SLU, que había alegado varias restricciones ambientales impuestas al proyecto.
El puente había sido incluido en el Lote III de un contrato mayor, de un total de 13,8 millones, que la institución ya anunció a bombo y platillo en octubre de 2023. Todas las mejoras de carreteras incluidas en ese contrato tenían su ejecución prevista entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Ascendía a muy poco más de 400.000 euros el coste de este puente en el kilómetro 21,122 de la carretera LE-5225, a unos 4,6 kilómetros del pueblo de Tejeira. El nuevo puente debía contar con ancho de calzada de 7 metros, permitiendo por fin el paso conjunto de dos vehículos y acabando con el actual y peligroso estrechón.
El desmán ibérico y la trucha común
Sin embargo, las autorizaciones necesarias de la Junta de Castilla y León y de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil se tramitaron y llegaron con retraso, y eso a pesar de conocerse que la zona está plenamente inmersa en la Red Natura 2000, lo que siempre conlleva algunas restricciones extra. Por ejemplo, esta última todavía estaba en exposición pública cuando debían haber comenzado los trabajos. Además, se conocieron ya tarde las estrictas condiciones ambientales: así, las obras solo podían desarrollarse durante el estiaje del río, fuera de la temporada de reproducción del desmán ibérico (de marzo a julio) y de la freza de la trucha común (de noviembre a abril).
Estas limitaciones dejaron sin margen efectivo para iniciar los trabajos en el plazo inicial, lo que obligó a la empresa a pedir y a la Diputación a tramitar la paralización del contrato con efectos retroactivos al 10 de octubre de 2024.
Por el camino, la Secretaría de la Diputación emitió varios reparos durante la tramitación, destacando que la retroactividad de la suspensión hasta el 10 de octubre de 2024 debía justificarse de forma más precisa, ya que las restricciones ambientales empezaban el 1 de noviembre. También exigió un informe técnico que determinara si parte del proyecto podría haberse ejecutado en periodos distintos a los restringidos.
Además, advirtió de un problema de competencia en la toma de decisiones: dado que el contrato original supera los 7,7 millones de euros, la resolución correspondía al Pleno y no a la Junta de Gobierno. Finalmente, la Secretaría señaló otra dificultad administrativa: el nuevo plazo de ejecución planteado, de agosto al 30 de noviembre, rebasa la vigencia de la autorización de la Confederación Hidrográfica, que expira el 22 de noviembre de 2025. Es decir, advierte de antemano que todavía podría tener que necesitarse una petición de prórroga adicional.
Críticas internas a una “tónica habitual”
El informe del área de Intervención coincidió en remarcar que los permisos ambientales deberían haberse tramitado antes de la licitación del proyecto, evitando la actual paralización. Esta falta de previsión, señala, se ha convertido en una “tónica habitual” en la gestión de contratos de obras públicas y podría derivar en indemnizaciones a las empresas adjudicatarias. Es decir, perjuicios económicos para las arcas públicas de la administración provincial.
Con el acuerdo de suspensión, la Diputación deberá levantar un acta formal en los próximos días y definir los materiales ya acopiados en obra. Hasta entonces, el cómputo de plazos del contrato quedó congelado y se supone que en esta fecha se deberían haber reiniciado las obras de este pequeño pero muy necesario proyecto. Salvo que esta historia casi interminable todavía tenga nuevos y más lamentables capítulos.
