La Audiencia Nacional fuerza al juez Pedraz a investigar las querellas por estafa contra Herrero Brigantina
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz, contra lo que había decidido el pasado mes de diciembre, que asuma la investigación de dos querellas de perjudicados por la presunta estafa en la comercialización de productos financieros de la mercantil Grupo Herrero Brigantina, del empresario de la comarca del Bierzo. Aquella decisión se adopto en diciembre y escasos días antes el economista y fundador del Grupo Herrero Brigantina, Juan González Herrero, acababa de ser detenido.
En un auto, los magistrados de la Sección Tercera admiten el recurso presentado por los afectados contra la decisión del juez instructor de inadmitir sus querellas.
El auto de la Sala indica que los hechos denunciados tienen apariencia de delito de estafa y añade que es alto el número de posibles afectados, que no sería inferior a los 82 que figuran en las querellas rechazadas, a los que habría que añadir los perjudicados en los procedimientos en los que se ha rechazado la inhibición. También se toma en consideración el número de provincias con afectados por estos hechos, no menos de 14, y también la cuantía supuestamente defraudada, que podría ser de unos 40 millones de euros, según uno de los recurrentes. Circunstancias, todas ellas, que aconsejan que la investigación se lleve en un solo procedimiento.
La Sala explica que las querella relatan cómo el Grupo Herrero Brigantina comercializó el producto TOP 25 a sabiendas de que la rentabilidad no iba a ser pagada y que, además, no era respaldada por AXA, siendo una estrategia urdida por el Grupo HB para hacer la contratación fiable y atractiva para los clientes. Ello sería, a su juicio, un indicio claro del animo de estafar a sus inversores, llevándolos bajo este engaño a hacer un desplazamiento patrimonial en su beneficio.
De esta forma, apunta el Tribunal, se permitirá la concentración de las defensas por personas con intereses y planteamientos comunes y se evitarán duplicidades en las diligencias a practicar, así como el ejercicio del derecho de defensa de los investigados.
La Sala recuerda que la posible cuantía de la defraudación supera, aparentemente, el límite de los 7 millones que establece la jurisprudencia para atribuir la competencia de la investigación a la Audiencia Nacional.
