La empresa de Victorino Alonso asegura que los afectados por terrenos en Sancedo “nada tienen que temer”

Sancedo. / Google Maps

Antonio Vega

21 de octubre de 2024 17:05 h

Las empresas de Comile SA, y Genelec Invest SA, implicadas en la compraventa de terrenos en los municipios de Arganza y Sancedo pertenecientes al antiguo gigante Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), niegan afectar a terrenos de tercero en las inscripciones registrales que han realizado, y que el Ayuntamiento de Sancedo ha denunciado como presuntamente irregulares.

La sociedad Agrupación Inmobiges, que se señala como “gestoría dedicada a la tramitación de distintos expedientes de las sociedades Comile, S.A., y Genelec Invest, S.A.”, ha emitido un comunicado “ante las noticias falsas que en los últimos días se vienen transmitiendo a distintos medios de comunicación del Bierzo desde diversos colectivos”.

Comile SA es una sociedad en la que figura como administrador único el empresario Victorino Alonso y en Genelec Invest SA figura como administrador único Andrés Costales, que a su vez figura como administrador de la sociedad Procesos Y Sistemas Metalurgicos SA, en la que han ocupado y ocupan cargos otros nombres del entorno empresarial del 'rey del carbón'.

Según la sociedad gestora del procedimiento, Agrupación Inmobiges, Comile SA adquirió en el año 2021 “un total de 1.178 fincas registrales que hace muchos años había comprado la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) en los municipios de Arganza y Sancedo y que se corresponden con 643 parcelas catastrales, al no existir coordinación entre Registro y Catastro”. Según su versión la inscripción de las mismas a su favor entre 2022 y 2023 supuso que de 66 parcelas catastrales ubicadas en el municipio de Arganza, 40 se inscribieron a favor de Comile, tras reconocer sus anteriores propietarios que las habían vendido en su día a la MSP, 10 no se inscribieron por oponerse los actuales titulares catastrales y otras 7 están pendientes de resolverse.

En el caso del municipio de Sancedo, cuyo Ayuntamiento denunció una acción para prevenir una posible inscripción irregular, presentaron al catastro la compraventa de 643 parcelas, de las que “se habían inscrito a favor de Comile 448, mientras que las otras 195 estaban pendientes”. Según su versión “en el presente año 2024 se ha iniciado el mismo proceso con las 129 parcelas restantes ubicadas en Sancedo (y no más de mil como falsamente se ha informado a la prensa), habiéndose resuelto una de manera favorable, desestimándose 4 y estando el resto pendientes”.

La sociedad gestora señala que “al tratarse de una escritura muy compleja por la gran cantidad de fincas afectadas y sobre todo por no existir coordinación entre Catastro y Registro, no siempre es posible delimitar las parcelas con precisión y el único objetivo de Comile es lograr precisamente esa coordinación. Nada tienen que temer por tanto, los propietarios que no hubiesen vendido en su momento sus terrenos a la MSP, pues será precisamente en el seno de los expedientes del Catastro, donde se puedan tratar de aclarar las diferencias con el Registro de la Propiedad, no pudiendo en ningún caso el Catastro realizar la inscripción a favor de Comile, si existe discrepancia entre los distintos posibles propietarios o indefinición en la delimitación de las parcelas”.

Agrupación Inmobiges señala que “resulta por tanto incomprensible que en algunos medios de comunicación y sin consultar a la Empresa, se publique que Comile pretenda apropiarse de ninguna parcela, cosa completamente falsa”. Comile SA es un sociedad cuyo administrador único es el 'rey del carbón' Victorino Alonso, que cumple en tercer grado dos penas que suman 5 años y 10 meses de prisión por delitos en minas a cielo abierto. No consta ni web ni un teléfono público accesible de la compañía más allá de su domicilio social ubicado en Madrid.

La sociedad que hace de portavoz señala que con motivo de la controversia en Sancedo “los presidentes de las Juntas Vecinales de Lillo y Otero de Naraguantes, vuelven a la carga con su campaña de intoxicación y difamaciones públicas iniciada hace dos años, que nada tiene que ver con la situación expuesta de Sancedo y Arganza”.

Se refiere a un episodio de controversia por unos terrenos anejos a la Gran Corta de Fabero en los que una sociedad vinculada a Victorino Alonso, y que ambas juntas vecinales reclaman como propios al entender que ya no se usan para el fin minero que fueron cedidos, instalará un parque solar.

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