El exalcalde de Fabero Demetrio Alfonso se queda solo: reconoce falsedad documental, pero asegura que se hicieron las obras

El histórico alcalde del PSOE de Fabero, Demetrio Alfonso, entrando como acusado a la Audiencia Provincial de León.

Elisabet Alba

El histórico exalcalde de Fabero y candidato del PSOE en las últimas elecciones municipales de 2023, Demetrio Alfonso Canedo, se queda solo en la causa por prevaricación que se juzga este lunes y martes en la Audiencia Provincial de León. En la primera sesión del juicio, Demetrio ha reconocido la falsedad en documento público que se le imputa por adjudicar unas obras un día y firmar su recepción al día siguiente, pero asegurando que los trabajos sí se acometieron, aunque habría sido meses después.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando Alfonso era regidor del municipio minero. Por los mismos, se sentaron junto a él en el banquillo de los acusados el ingeniero de quien dependía la obra y el contratista. No obstante, estos terminaron declarando como testigos y no como acusados, después de que sus defensas solicitasen para ellos la absolución, sin objeción de la Fiscalía.

La defensa de Alfonso también pidió en las cuestiones previas al juicio la nulidad del procedimiento, la prescripción de los hechos y la absolución del exregidor, pero en su caso Fiscalía desmontó los argumentos jurídicos de su abogado y continuó con la acusación. El Ministerio Fiscal adujo que “no concurre ninguna causa ni para la nulidad ni para la prescripción” como defendía el representante legal de Demetrio “de manera sesgada”.

Demetrio Alfonso llegó a la Audiencia Provincial de León acompañado por su hijo y accedió a atender a los medios antes de comparecer en sala. A preguntas de los medios manifestó su intención de “decir la verdad”, a pesar de sus mentiras acerca del momento de su imputación.

Alfonso, que fue regidor de Fabero por el PSOE durante 24 años, de 1987 a 2011, dejó la primera línea política después de una sentencia en primera instancia por prevaricación por la autorización al 'rey del carbón' Victorino Alonso de la famosa, polémica y nunca realizada fábrica de ruedas, si bien la Audiencia Provincial de León lo terminó absolviendo. Lo sustituyó en las listas una edil que ya en 2007 iba en sus listas municipales, Mari Paz Martínez, que recuperó la Alcaldía para el PSOE en el municipio minero en 2015, después de un breve Gobierno del PP, IU y el MASS, durante el que se denunciaron los hechos ahora enjuiciados.

Una vez absuelto por la fábrica de ruedas, Demetrio Alfonso quiso volver como número uno de las listas del PSOE en Fabero, pero había un problema, seguía Mari Paz. El partido tomó entonces una controvertida decisión, apartar a Martínez esgrimiendo el argumento de que esta estaba imputada por prevaricación en una causa que arrastraba desde hacía tantos años que ya estaba abierta cuando se presentó como número uno en los comicios municipales del 2015 en los que cogió el testigo de Demetrio. En ese momento Alfonso también estaba imputado, algo que él ha negado, falsamente, a las puertas de la Audiencia Provincial de León este lunes.

Demetrio Alfonso Canedo sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, en el centro.

Falsedad documental por unas obras que, ¿se hicieron o no?

El histórico alcalde socialista del municipio minero prestó declaración como único acusado, después de que el ingeniero y el contratista quedaran fuera del procedimiento. El Ayuntamiento de Fabero tramitó una actuación de mejora del abastecimiento con cargo a una subvención de 40.000 euros del Plan de Sequía de la Diputación de León de 2007. El procedimiento se impulsó por vía negociada y sin publicidad.

A preguntas de Fiscalía, Demetrio Alfonso reconoció el delito de falsedad documental, asegurando que, como efectivamente lo acusa el Ministerio Público, la memoria para las obras se hizo en un día, se adjudicaron los trabajos y al día siguiente se certificó la recepción de los mismos, sin que estuvieran hechos: “Digamos que no es lo más ético o lo más legal, pero es como se hizo”, dijo.

Por si había alguna duda, aseveró la misma idea en repetidas ocasiones: “Cuando se firmó el final de la obra, la obra no estaba ejecutada”, “cuando se firma la recepción de la obra, la obra no está ejecutada”, y “soy consciente de recibir una obra que no estaba ejecutada”, declaró. Incluso, a la pregunta de su abogado sobre si: “¿estas actuaciones irregulares se han hecho varias veces mientras fue alcalde?; Demetrio contestó que: ”sí, por desgracia muchas veces“.

No obstante, en su defensa sostuvo que lo hizo porque era bueno “para los vecinos y para el municipio” y que la obra sí que se hizo, aunque meses después. En caso de haber algún culpable en el procedimiento, la culpa sería de la Diputación de León por tener que hacer “con tanta premura” el trámite administrativo para que le concediesen la subvención para pagar los trabajos.

Un fleco que quedó en el aire es que el contratista, que declaró como testigo y ya no como acusado, aseguró que hay una factura de pago de los trabajos, firmada por el Ayuntamiento, por el ingeniero y por él mismo como “pagada”, “pero no estaba pagada ni se pagó nunca”.

En añadidura, el ingeniero, que también declaró como testigo y no como acusado, reconoció que redactó la memoria para hacer las obras en apenas 24 horas, por orden del concejal de Fabero, Francisco Robles, y por importe de 40.000 euros que era el dinero de la subvención de la Diputación, sin haber visto qué obras había que hacer. “Si ya estaba hablado con la Diputación, yo era la persona que estaba entre dos administraciones para gastar ese dinero”, declaró.

Entre otros testigos, el que fuera alcalde pedáneo de Fontoria, uno de los pueblos en los que se habrían hecho las obras, y el responsable de aguas del Ayuntamiento en el momento de los hechos, negaron en su comparecencia por videoconferencia desde el Consistorio de Fabero que se hubieran hecho tales trabajos: “No se hizo la obra”, “Ninguna obra”.

El Ministerio Fiscal pide para Demetrio Alfonso tres años y medio de cárcel, además de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.

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