La Fiscalía de Castilla y León abre diligencias para investigar penalmente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la gestión política de la oleada de incendios del pasado verano, según le ha comunicado el propio Ministerio Público a la asociación Bierzo Aire Limpio. La decisión es consecuencia de una denuncia presentada por el colectivo, que ve posibles delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos “vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica”. Los fuegos de agosto se cobraron tres vidas humanas y decenas de miles de hectáreas.
Bierzo Aire Limpio, que achaca a la Junta “ausencia de prevención, coordinación y transparencia institucional”, cree que hay “indicios fundados” de que los dirigentes autonómicos no adoptaron las medidas preventivas necesarias en un contexto de altas temperaturas y sequedad del terreno que podría disparar el riesgo de incendios. “El Gobierno autonómico”, señala el colectivo en un comunicado, “contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes”.
Tras poner el acento en consecuencias de la oleada de incendios como las tres muertes, las “graves afecciones a la salud de la población expuesta al humo durante días”, las emisiones de gases tóxicos o daños a espacios protegidos de la Red Natura 2000, la asociación denunciante subraya que la Junta apenas “había ejecutado alrededor del 48% del presupuesto destinado a la prevención de incendios forestales en agosto de 2025, mientras exige a los particulares -a través de ordenanzas municipales y de los bancos de tierras- mantener sus fincas desbrozadas antes del 1 de junio bajo pena de sanción”.
A juicio de Bierzo Aire Limpio, la baja ejecución presupuestaria “confirma que la Junta no realizó ni la mitad de las tareas preventivas en el monte público, ni siquiera antes del inicio de la época de Riesgo Alto, fijada por su propio Plan INFOCAL a partir del 12 de junio”, ni “redobló su labor en las Zonas de Alto Riesgo, catalogadas por la propia administración, precisamente aquellas que terminaron siendo pasto de las llamas”. “Esta omisión en las áreas más críticas demuestra una injusticia manifiesta, al desatender los lugares donde el peligro era más evidente”, añade.
El colectivo echa en cara también al Gobierno autonómico que no reforzara el operativo contra incendios tras catástrofes medioambientales como la ocurrida en la zamorana Sierra de la Culebra en 2022 “Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado”, denuncia para sostener que esta circunstancia constituye “una acción deliberada que agravó las consecuencias del desastre”. La denuncia también incorpora lo que define como ausencia de coordinación efectiva de la Junta tanto con los ayuntamientos como con los servicios estatales de emergencias, una situación que habría “dificultado una respuesta ágil y eficaz en horas críticas”.
Paralelamente, Bierzo Aire Limpio afea que las Cortes de Castilla y León hayan rechazado crear una comisión de investigación sobre la gestión de los incendios forestales. “Mientras la Fiscalía actúa, el Parlamento autonómico opta por cerrar filas y negar información incluso a los propios procuradores y a las organizaciones sociales y ecologistas. Es el enésimo cerrojazo informativo de un Gobierno que prefiere el silencio a la rendición de cuentas”, denuncian desde la asociación, que avisa de otras repercusiones que ya se están notando como “las escorrentías, corrimientos de tierra y arrastre de cenizas y materiales tóxicos hacia ríos y embalses” hasta provocar “una segunda catástrofe ambiental ante la que la ausencia de previsión sigue siendo tónica general”.
Y es que la asociación asegura no haber recibido todavía respuesta a la solicitud por escrito a la Junta de información sobre medidas preventivas para evitar este tipo de impactos en diferido. Asimismo, pide explicaciones sobre los lugares en los que se están depositando los lodos extraídos del río Meruelo a su paso por Molinaseca y de otros cauces afectados para alertar sobre la posible generación de “nuevos focos de degradación ambiental si no existe un plan que los gestione adecuadamente”.
Aire Limpio no pasa por alto que esta apertura de diligencias haya coincidido en el tiempo con la presencia este miércoles en Ponferrada de los propios Fernández Mañueco y Suárez-Quiñones para firmar un documento “de carácter meramente simbólico” sobre la ampliación del Polígono Industrial de La Llanada. “Mientras la Fiscalía investiga su inacción, los responsables políticos se dedican a escenificar compromisos vacíos, midiendo el pulso de la opinión pública a la espera de que el tiempo borre la indignación ciudadana”, afirma el colectivo.