La Fiscalía pide hasta cuatro años de cárcel por los disturbios durante las protestas contra el ERE de LM
La Fiscalía solicita penas de hasta cuatro años de prisión para cuatro trabajadores acusados de provocar graves disturbios durante una protesta sindical que tuvo lugar en agosto de 2021 frente al restaurante Cat&Rest, durante las negociaciones de un ERE para casi 400 personas en la empresa berciana LM Wind Power. Los hechos serán enjuiciados por la Audiencia Provincial de León los días 12, 13 y 14 de enero a las 9.45 horas.
El caso se remonta al verano de 2021, cuando la empresa LM Wind Power, dedicada a la fabricación de palas eólicas y con una plantilla de más de mil empleados, anunció el despido de 393 trabajadores. Las negociaciones entre la empresa y los representantes sindicales, celebradas en el mencionado establecimiento, terminaron abruptamente el 10 de agosto. A partir de ahí, se convocó una concentración de protesta en redes sociales que derivó, según el Ministerio Público, en actos violentos y vandálicos.
La acusación sostiene que los cuatro procesados, trabajadores o exempleados de la empresa, participaron activamente en los disturbios con el objetivo de alterar el orden público y causar daños materiales. Entre las acciones atribuidas se encuentran el incendio de contenedores, el lanzamiento de objetos contra el local, la rotura de ventanas y daños en varios vehículos. Uno de los acusados habría utilizado una garrafa con combustible para alimentar las llamas, mientras otro golpeaba con una pala la puerta del establecimiento.
En su calificación provisional, la Fiscalía imputa a los acusados delitos de desórdenes públicos y daños, solicitando para cada uno penas de cuatro años de prisión y multas de hasta 20 meses, además de indemnizaciones por los destrozos causados, que afectaron tanto a la empresa FCC Medio Ambiente, propietaria de los contenedores, como al propio establecimiento Cat&Rest.
La investigación descartó imputar a los acusados por delitos de atentado y lesiones a agentes de la autoridad, al no haberse podido identificar de forma fehaciente que fuesen los autores de las agresiones que sufrieron varios policías. No obstante, la Fiscalía ha solicitado la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil para garantizar las posibles indemnizaciones, y ha requerido al establecimiento afectado que aporte presupuestos o facturas que acrediten los daños sufridos.
