El Ministerio Fiscal pide para el que fuera alcalde de Cacabelos por el PSOE de 2015 a 2019, Sergio Álvarez, tres años de cárcel e inhabilitación especial para empleo y cargo público y derecho de sufragio pasivo durante 8 años por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
El exregidor cacabelense se vuelve a sentar ante un tribunal, en la Audiencia Provincial de León, esta vez con jurado popular, los días 26 y 27 de septiembre, y ya con una condena por prevaricación administrativa.
No irá solo a juicio, junto a él prestará declaración también como “cooperadora necesaria” y acusada la entonces secretaria interina. Ambos están acusados, uno de pagar y la otra de cobrar durante el tiempo de dos meses la nómina municipal de manera irregular puesto que ya se había incorporado a su puesto la secretaria interventora titular de la plaza. Los dos están acusados de causar un perjuicio de 6.893,46 euros a las arcas municipales, por lo que se les pide devolver, de manera “conjunta y solidaria” esa cantidad de dinero al Consistorio.
Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, la secretaria interventora titular se acogió a una baja médica por un problema de salud en noviembre de 2015, por lo que se decidió contratar a una secretaria interina para sustituirla. En enero de 2016, la titular recibió el alta médica y pidió volver a su puesto. Fue en ese momento cuando el entonces alcalde de Cacabelos “en una decisión injusta, arbitraria y contraria a derecho y por la que fue condenado por la Audiencia Provincial de León como autor de un delito de prevaricación a una pena de nueve años de inhabilitación, le impidió tal incorporación, manteniendo en el cargo a la también acusada quien, pese a saber que tenía que cesar en el cargo, porque así había sido requerida por el departamento competente de la Junta de Castilla y León, se mantuvo en el mismo, haciendo caso omiso a los requerimientos efectuados.”.
Durante el tiempo que se resolvió la situación de la titular y la interina, el Ayuntamiento, “bajo la dirección y órdenes del alcalde y ahora acusado”, pagó las nóminas de enero a marzo de las dos. Es por ello que Fiscalía acusa tanto a Sergio Álvarez como a la interventora interina de un delito de malversación de caudales públicos al primero y de cooperación necesaria a la segunda. Pide para ellos 3 años de cárcel y ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público de 8 años, las costas del proceso y devolver de manera “conjunta y solidaria” los casi 7.000 euros al Consistorio, además de una fianza por si fuesen finalmente condenados.