Fiscalía pide tres años de cárcel por malversación de caudales públicos al exalcalde de Cacabelos condenado por prevaricación
El Ministerio Fiscal pide para el que fuera alcalde de Cacabelos por el PSOE de 2015 a 2019, Sergio Álvarez, tres años de cárcel e inhabilitación especial para empleo y cargo público y derecho de sufragio pasivo durante 8 años por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
El exregidor cacabelense se vuelve a sentar ante un tribunal, en la Audiencia Provincial de León, esta vez con jurado popular, los días 26 y 27 de septiembre, y ya con una condena por prevaricación administrativa.
No irá solo a juicio, junto a él prestará declaración también como “cooperadora necesaria” y acusada la entonces secretaria interina. Ambos están acusados, uno de pagar y la otra de cobrar durante el tiempo de dos meses la nómina municipal de manera irregular puesto que ya se había incorporado a su puesto la secretaria interventora titular de la plaza. Los dos están acusados de causar un perjuicio de 6.893,46 euros a las arcas municipales, por lo que se les pide devolver, de manera “conjunta y solidaria” esa cantidad de dinero al Consistorio.
Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, la secretaria interventora titular se acogió a una baja médica por un problema de salud en noviembre de 2015, por lo que se decidió contratar a una secretaria interina para sustituirla. En enero de 2016, la titular recibió el alta médica y pidió volver a su puesto. Fue en ese momento cuando el entonces alcalde de Cacabelos “en una decisión injusta, arbitraria y contraria a derecho y por la que fue condenado por la Audiencia Provincial de León como autor de un delito de prevaricación a una pena de nueve años de inhabilitación, le impidió tal incorporación, manteniendo en el cargo a la también acusada quien, pese a saber que tenía que cesar en el cargo, porque así había sido requerida por el departamento competente de la Junta de Castilla y León, se mantuvo en el mismo, haciendo caso omiso a los requerimientos efectuados.”.
Durante el tiempo que se resolvió la situación de la titular y la interina, el Ayuntamiento, “bajo la dirección y órdenes del alcalde y ahora acusado”, pagó las nóminas de enero a marzo de las dos. Es por ello que Fiscalía acusa tanto a Sergio Álvarez como a la interventora interina de un delito de malversación de caudales públicos al primero y de cooperación necesaria a la segunda. Pide para ellos 3 años de cárcel y ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público de 8 años, las costas del proceso y devolver de manera “conjunta y solidaria” los casi 7.000 euros al Consistorio, además de una fianza por si fuesen finalmente condenados.
