La Fiscalía no ve delitos y solicita la absolución sin cargos del alcalde de Bembibre entre 2011 y 2019 Manuel Otero (Partido Popular) y los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno por la prórroga concedida en su día a la empresa Clece en los contratos de gestión de las piscinas climatizadas y la Residencia de Mayores El Santo. El juicio tendrá lugar los próximos días 2 y 3 de abril en la Audiencia Provincial de León.
El caso se abrió a raíz de una denuncia formulada en 2017 por el entonces portavoz municipal socialista, Manuel Ángel Rey, por un presunto delito de prevaricación tras decretar los tribunales nula aquella prórroga por entender que suponía una modificación sustancial de las condiciones originales del contrato: lo hizo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León en 2014 y el Tribunal Superior de Justicia lo ratificó en 2016.
Tras aquellas resoluciones judiciales, hubo una serie de discrepancias entre el Juzgado de lo Contencioso y la administración municipal sobre la ejecución de la sentencia hasta el punto requerir el primero su cumplimiento en varias ocasiones. Lo que finalmente hizo el equipo de Gobierno fue incoar expediente administrativo para contratar la gestión de las piscinas municipales, la residencia de mayores y la guardería, que fue adjudicada a Clece.
En su escrito de calificaciones de un caso que procede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Ponferrada, la Fiscalía sostiene que esta adjudicación se produjo “sin que conste que ese expediente administrativo se hubiere tramitado conculcando la legalidad vigente y sin que conste que haya sido objeto de impugnación en la vía administrativa”. “Sin perjuicio de las infracciones legales que fueron corregidas en el ámbito administrativo, no ha podido acreditarse en la causa que los acusados actuaran con plena conciencia de ilegalidad, de forma arbitraria y a sabiendas de la injusticia de las resoluciones dictadas”, añade el Ministerio Público para solicitar la absolución de los acusados.
Además del exalcalde Manuel Otero, el caso implica a los miembros de la Junta de Gobierno, que eran entonces Federico Fernández, Serafín Vázquez de la Riva, Laura Álvarez Alonso, Gloria Castro Cabezas y César Alfonso Ferrero Luego. Ahora otro proceso salpica a Manuel Otero y dos de sus ediles, Laura Álvarez y Elsa García. Contra los tres ha abierto diligencias el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ponferrada a raíz de una denuncia por presunta prevaricación formulada por el Ayuntamiento ahora presidido por la alcaldesa socialista Silvia Cao, apelando a supuestos cobros por participar en la Junta de Coordinación sin formar parte de este órgano. El PP y X Bembibre, la formación por la que se presentó a las pasadas municipales Elsa García, han negado haber cometido este delito.
Tras perder la Alcaldía como consecuencia del resultado de las elecciones municipales de 2019, Otero abandonó la política activa: había sido antes alcalde de Folgoso de la Ribera y fue entre 2015 y 2019 procurador del PP en las Cortes de Castilla y León.