Forestalia: la empresa bajo sospecha de corrupción y socia preferente en biomasa de la Junta de Castilla y León
En septiembre del 2016 al grupo Forestalia anunciaba la creación de “una planta de generación de energía eléctrica limpia mediante biomasa en la comarca del Bierzo” en colaboración con la controvertida empresa pública Somacyl de la Junta de Castilla y León y el Ente Regional de la Energía. Su ubicación, Cubillos del Sil, y la inversión aproximada, 80 millones de euros.
La entonces semidesconocida Forestalia entraba así a lo grande en la generación eléctrica de la provincia de León, en un proyecto que se presentaba como una de las alternativas a la generación de electricidad con carbón, en el municipio que albergaba la central térmica de Compostilla hoy ya casi desaparecida por completo tras el derribo hace dos semanas de sus últimas chimeneas. Y Forestalia está hoy bajo la lupa de la Justicia por presunta corrupción en sus negocios de renovables, con su presidente y fundador, Fernando Samper, detenido este martes en en una operación que hasta ahora ha incluido 12 registros —diez en Madrid y dos en Zaragoza— y la detención de seis personas, entre ellas un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Samper ha sido horas más tarde puesto en libertad a la espera de una citación judicial.
Previamente, el pasado mes de diciembre, la sede de Forestalia ya fue objeto de registro dentro de la investigación abierta a la sociedad Servinabar, en la que supuestamente participaba el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En diciembre fueron detenidos la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el dueño de Servinabar y socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Forestalia, que se llaman así mismos “Pioneros en la nueva economía verde”, se encuentra ahora en medio de la llamada 'Operación Perserte' bajo la sospecha de los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se investiga si se produjeron de manera irregular la emisión de determinadas resoluciones ambientales en la provincia de Teruel a cambio de mordidas.
El grupo aragonés cuenta como principal activo del sector de la biomasa la planta de Cubillos del Sil, inaugurada en el año 2020 y que ha recibido duras críticas desde el inicio de su planteamiento por su magnitud, con espacio para almacenar hasta 100.000 metros cúbicos de biomasa. Colectivos como Bierzo Aire Limpio han criticado y llevado a los tribunales las autorizaciones recibidas, denunciando irregularidades administrativos y procesos favorables de la Junta de Castilla y León, así como sus riesgos para la calidad del aire en la comarca berciana.
La planta de biomasa se acabó instalando en el polígono industrial de El Bayo bajo la construcción del grupo Acciona, investigada también en el caso de Santos Cerdán, cuya filial industrial también asumió la operación y el mantenimiento de la planta por 15 años, que ha acabado de forma abrupta este pasado 2025 al romper el contrato entre Forestalia y Acciona y dejar paralizada la factoría al plantear un ERE de extinción al medio centenar de trabajadores. Los terrenos donde se asienta la térmica de biomasa son propiedad de Somacyl, que se los tiene alquilados a Forestalia y en los que se gastó a mayores otros 1,3 millones de euros.
La Junta de Castilla y León, socia de Forestalia
La planta de Forestalia en Cubillos del Sil paró su funcionamiento de forma abrupta a mediados del año 2024, alegando que no había condiciones de mercado para competir en la producción de generación eléctrica. Lo que iba a ser una parada temporal se acabó alargando hasta el 2025, cuando volvió a funcionar y Forestalia anunció que buscaba comprador para el 85% de su participación.
La planta de biomasa se gestiona a través de dos sociedades, Fuerzas Energéticas del Sur de Europa I, SL y Fuerzas Energéticas del Sur de Europa II, SL. La Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, tiene una participación del 15 y del 25% respectivamente en cada una de ellas, siendo el resto del grupo Forestalia. La primera empresa es la titular de la instalación y la segunda se usa para el suministro de biomasa. Las dos empresas las preside el detenido Fernando Samper.
Una profunda vinculación empresarial
Somacyl es una controvertida empresa pública dependiente de la consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones desde el año 2015. Su consejero delegado y director general Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez Blázquez, ha administrado durante cinco años una sociedad familiar pese a que la ley lo prohíbe. El director financiero de Somacyl, Jesús Bragado, es vicepresidente de Fuerzas Energéticas del Sur de Europa II y consejero en Fuerzas Energéticas del Sur de Europa II.
Además Somacyl tienen una participación del 44% en otra sociedad presidida por Fernando Samper, Ribpellet SL, donde Bragado es consejero y vicepresidente también. Esta empresa, domiciliada en Burgos, posee una factoría dedicada a la fabricación de pellets pero por su delicada situación financiera la empresa pública de la Junta de Castilla y León dio por perdida su inversión en el año 2023. En total, 2,7 millones de euros considerados irrecuperables aunque sus cuentas informan que la sociedad había cumplido al inicio del 2025 los pagos acordados de otro préstamo participativo y del alquiler de los terrenos y fábrica donde se asienta, también propiedad de Somacyl, que invirtió a mayores 10,3 millones de euros.