El juicio al exalcalde de Fabero Demetrio Alfonso por una obra que se cobró sin hacerse queda visto para sentencia
El juicio contra el histórico exalcalde de Fabero del PSOE Demetrio Alfonso Canedo ha quedado este martes visto para sentencia en la Audiencia Provincial de León, tras una segunda sesión en la que varios testigos han ratificado que el Ayuntamiento recepcionó administrativamente una obra antes de que se ejecutara.
El proceso gira en torno a una actuación de mejora del abastecimiento de agua financiada con una subvención de 40.000 euros de la Diputación de León en 2007. Según las declaraciones escuchadas en sala, los trabajos se habrían llevado a cabo principalmente entre noviembre y diciembre de ese año, aunque la certificación y recepción oficial de la obra se firmaron en octubre para poder acceder a la ayuda económica.
Esa secuencia, que ya había sido reconocida parcialmente por el propio Demetrio Alfonso en la primera jornada del juicio —cuando admitió que se firmó la recepción de la obra sin estar ejecutada—, ha sido respaldada ahora por trabajadores de la empresa adjudicataria y por representantes de las juntas vecinales afectadas.
Según estos testimonios, la obra no estaba realizada en el momento en el que el Ayuntamiento dio por finalizados los trabajos en el expediente administrativo, lo que permitió tramitar el cobro de la subvención. De hecho, la Diputación abonó la cantidad correspondiente pese a que las actuaciones no se habían llevado a cabo en ese momento.
También ha declarado un exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Fabero, que ha explicado que el proyecto se impulsó tras una comunicación de la Diputación sobre la disponibilidad de fondos, sin que los servicios administrativos municipales plantearan objeciones al procedimiento seguido.
La Fiscalía mantiene su acusación por un delito de prevaricación administrativa y falsedad documental, por el que solicita para el exalcalde tres años y medio de prisión, además de multa e inhabilitación para cargo público. La defensa, por su parte, insiste en la absolución, al considerar que los hechos habrían prescrito y que no existen reclamaciones por parte de las administraciones implicadas.
Durante la primera sesión del juicio, Alfonso defendió su actuación alegando la urgencia derivada de la “sequía terrible” que afectaba al municipio en aquel momento y la necesidad de cumplir los plazos para no perder la subvención, aunque reconoció que la obra no estaba ejecutada cuando se firmó su recepción.
Con la práctica de la prueba concluida, el caso queda ahora en manos del tribunal, que deberá determinar si esa forma de proceder supuso un delito en la gestión de fondos públicos.
