Una multinacional de Dinamarca impulsa un parque eólico entre León y Galicia con seis aerogeneradores gigantes
Un proyecto del parque eólico llamado Ferromolín, promovido por la firma Promoción Eólica Peninsular V SL, perteneciente a un grupo multinacional de origen con n Dinamarca, ha iniciado su periodo de información pública como paso previo a la autorización administrativa y a la evaluación ambiental de una instalación que se extenderá entre las provincias de León y Ourense, en Galicia.
La iniciativa contempla una potencia total de 27 megavatios (Mw), a pesar de lo cual lo tramita el Gobierno central y no la Junta de Castilla y León, que habitualmente es la competente en instalaciones de energía renovable de menos de 50. El diseño se que plantea contempla la instalación de seis enormes aerogeneradores y una inversión de más de 31,1 millones de euros.
La vertiente leonesa del proyecto se concentra en el municipio de Oencia, en la comarca de El Bierzo, donde se prevé instalar uno de los molinos y ubicar otro en una posición limítrofe con el término municipal ourensano de Vilamartín de Valdeorras. Los cuatro aerogeneradores restantes se proyectan en este último municipio, mientras que O Barco de Valdeorras también figura entre los términos municipales afectados por las instalaciones. En concreto, ña distribución prevista sitúa el aerogenerador FRM-01 en Oencia; el FRM-02, en el límite entre este municipio leonés y Vilamartín de Valdeorras; y los identificados del FRM-03 al FRM-06, en territorio gallego.
Cada uno de los seis aerogeneradores tendrá una potencia unitaria de 4,5 Mw. El diseño contempla, además, cinco posiciones adicionales de reserva, así como una torre meteorológica, los viales de acceso y las obras civiles necesarias para la instalación y el mantenimiento del parque.
Una inversión de más de 31 millones
El presupuesto de ejecución material asciende a 31.142.802,36 euros. De esa cantidad, 27.169.486,12 euros corresponden a la construcción del parque eólico, mientras que los 3.973.316,24 euros restantes se destinan a la infraestructura eléctrica de evacuación.
La energía generada por los aerogeneradores se recogerá mediante una red interna de líneas eléctricas subterráneas de 15 kilovoltios (kV), que conectará las máquinas con un centro de seccionamiento, el cual ocupará una edificación de aproximadamente 230 metros cuadrados en Vilamartín de Valdeorras.
Desde allí partirá una línea subterránea de evacuación de 14,33 kilómetros de longitud, también a 15 kV, hasta la subestación SET Sil-Xares 15/220 kV, propiedad de Iberdrola Generación. Esta instalación es colindante con la subestación Santiago 220 kV, perteneciente a la red de transporte de Red Eléctrica de España.
Información pública y evaluación ambiental
La publicación del anuncio, este lunes en el Boletín Oficial del estado (BOE) y la semana pasada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) abre un plazo de 30 días hábiles para que las personas interesadas puedan examinar la documentación del expediente y presentar las alegaciones que consideren oportunas. El procedimiento reúne la solicitud de autorización administrativa previa y la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Por tanto, el proyecto deberá superar tanto el trámite energético como el análisis ambiental antes de obtener las correspondientes resoluciones.
La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) es el órgano competente para resolver la autorización administrativa previa, mientras que la declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Las alegaciones pueden presentarse ante las subdelegaciones del Gobierno competentes en la tramitación, en León y Pontevedra, esta última en relación con la parte del proyecto situada en Ourense.
El origen del proyecto es bastante reciente, en comparación con otros muchos previos, y algunos ya deshechados por su impacto ambiental en zonas similares y también limítrofes. La promotora presentó la solicitud inicial el 5 de agosto del pasado año, 2025. Y ha sido más reciente aún, el 20 de julio de 2026, una modificación del proyecto. La apertura de la información pública permite ahora conocer las características de la propuesta y formular observaciones antes de que avance su tramitación administrativa.
