Tres años y tres meses después de la brutal paliza que el entonces concejal en el Ayuntamiento de Ponferrada y líder de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, propinara a su mujer y compañera de partido, la abogada Raquel Díaz, la Audiencia Provincial de León ha fijado por fin la fecha de un juicio en el que la Fiscalía le pide 18 años de cárcel por considerar que aquel fatídico 27 de mayo de 2020 intentó matarla.
Tras muchísima demora, la Audiencia leonesa ha fijado el comienzo de la vista oral para el 11 de diciembre y sesiones a lo largo de seis jornadas, según ha adelantado Radio Bierzo. En concreto, el juicio arrancará un lunes y se mantendrán a lo largo de los cinco días laborables de esa semana, esperando concluir en una última sesión el jueves 21 de diciembre. Este calendario pone fin a una demora que se había criticado ya durante muchos meses, mientras Muñoz permanece en libertad, vigilado con un dispositivo telemático, tras pasar más de dos años en la cárcel, desde mayo de 2022.
El Ministerio Fiscal aclaró este pasado mes de junio su petición final de penas, reclamando un total de 18 años y 9 meses de prisión para Muñoz por golpear violentamente y arrojar por una terraza de su vivienda en la localidad de Toreno a Raquel Díaz, que todavía sufre graves consecuencias físicas por aquellos hechos.
Recuerda la fiscal del caso que a causa de aquella agresión brutal la mujer quedó parapléjica cuando ambos se encontraban en el confinamiento por la pandemia de coronavirus, pero descartó finalmente el delito de intento de homicidio. El motivo es que en última instancia, y después de golpearla y lanzarla de la terraza, el político berciano realizó una llamada al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León reclamando asistencia sanitaria, por lo que le atribuye un delito no de tentativa homicidio sino de lesiones agravadas.
El escrito provisional de acusación admite que Pedro Muñoz quiso “acabar con la vida de su esposa”, golpeándola reiteradamente con un palo y dándole y puñetazos tras tirarla por la terraza, pero “se arrepintió, la colocó en una posición de seguridad y alertó al 1-1-2 pidiendo ayuda”.
Es por ello que los 18 años y 9 meses de cárcel que reclama sería por los presuntos delitos de violencia habitual, de maltrato en el ámbito familiar, de injurias, amenazas y, el el caso más grave, de lesiones agravadas. Además de la cárcel, también exige la prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier vía durante 42 años y medio, prohibición de tener armas durante 16 años, una indemnización de más de un millón de euros para quien es ya su exesposa, el pago de las costas del proceso judicial y 74.000 euros para el Sacyl y otros 48.000 para el Hospital de parapléjicos de Toledo por la asistencia sanitaria que requirió la víctima.
Una relación tóxica
El relato del Ministerio Fiscal destaca la toxicidad y violencia de su relación, que Muñoz y Díaz mantuvieron desde que en 2017 todavía el primero permanecía casado con su anterior esposa. Habla de un “comportamiento de maltrato emocional sistemático a todos los niveles, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral”, de modo que cree probado que el político “controlaba de forma obsesiva” a su pareja, aumentándose aquel “control y dominación” a partir de casarse. Fue entonces cuando se prodigaron, presuntamente, “empujones, golpes, inmovilizaciones y auténticas palizas”, causando daños personas que ella “maquillaba por la vergüenza que sentía al ser una persona [abogada de profesión] con formación en violencia de género”.
El informe del Ministerio Fiscal admite que la víctima recibió asistencia psicológica y psiquiátrica desde el año 2018 y sin embargo no presentó nunca una denuncia previa a la agresión brutal de 2020 que la dejó parapléjica, llegando incluso a admitir un año antes en un documento ante notario “jamás” había sido “maltratada ni física ni psicológicamente por su esposo”.