VPN, Viviendas de Prioridad Nacional: Vox se inventa la nueva modalidad de pisos que construirá la Junta en Ponferrada
El partido Vox se acaba de inventar en Ponferrada, en la provincia de León, una modalidad de pisos sociales inexistente y que ha dado en llamar Vivienda de Prioridad Nacional (VPN). Se trata de un eufemismo para tratar de imponer un rechazo al hecho de que cualquier persona, independiente de su nacionalidad, procedencia o tiempo de residencia, pueda acceder en igualdad de condiciones a una vivienda pública.
Ocurrió en un tenso debate plenario en el que, para apoyar un convenio de cesión de una parcela municipal a la Junta de Castilla y León, para que esta construya 80 pisos sociales, consiguió imponer como requisito imprescindible el criterio de la prioridad nacional. Un criterio que estos días han aireado nuevamente en sus redes sociales.
En concreto, a través de una enmienda al convenio, impuso que se exija a los solicitantes de esas futuras viviendas la obligación de haber estado al menos diez años empadronados en Castilla y León, añadiendo a posteriori “y en España”, al advertir que lo primero causaría todavía mayores exclusiones.
En el Pleno celebrado el pasado viernes en el Ayuntamiento de la capital de El Bierzo, esa exclusión que los dos concejales del partido de Santiago Abascal pusieron como condición innegociable para su voto a favor del convenio de cesión del suelo salió adelante gracias a los votos del equipo de Gobierno en minoría en Ponferrada, es decir, del Partido Popular (PP) y Coalición por El Bierzo (CxB). Tan sólo el Grupo Socialista votó en contra de la controvertida medida, que su portavoz, Olegario Ramón, equiparó al concepto de “comunidad del pueblo” del régimen nazi de Hitler, que defendía, recordó, una sociedad alemana unida exclusivamente por lazos raciales, étnicos y de sangre, y que “llevó a millones de personas que sufrieron”.
En la defensa de este criterio, la portavoz de extrema derecha, Patricia González, celebró que el alcalde popular, Marcos Morala, “por primera vez suelte la mano del socialismo” y apoyara sus dos enmiedas al texto del convenio de censión de la parcela en el barrio de La Rosaleda. Y celebró que la unión de nuevo de los tres partidos de derechas permita este “primer paso a la prioridad nacional en nuestra ciudad”.
Del tripartito y los sueldos sin cargo a constantes encontronazos
Hay que recordar la mala relación que se ha ido produciendo entre los ediles de Vox, que en campaña prometieron entrar en el Consistorio literalmente con una motosierra, y el equipo de Gobierno de PP y Coalición por El Bierzo desde que saltara por los aires su tripartito inicial del mandato en Ponferrada. Un acuerdo que sólo fue posible cuando se aprobó poner un sueldo de 2.357 euros al mes a los dos concejales de Vox, que percibieron durante meses a pesar de no tener concejalía ni cargo alguno. Su ruptura acabó con un constante desafío al PP, que quedó en una delicada minoría junto a los bercianistas.
A mayores de la enmienda de la prioridad nacional, Vox también introdujo -y apoyaron PP y CxB- otra que impediría concurrir a los pisos de la Junta, que construirá la sociedad pública Somacyl, a quienes estén incursos en “procesos de okupación, usurpación o allanamiento”, resumió Patricia González. Ante el silencio del regidor, que se puso de perfil en este tenso debate, la portavoz popular, Lidia Coca, quiso matizar que lo aprobado ahora no es un criterio inminente ni que el Ayuntamiento ponferradino pueda imponer, sino que “tendría que ser ratificado por la Junta de Castilla y León”, incluyendo estas exclusiones, también la prioridad nacional, en los criterios de selección para todsa la Comunidad.
Un criterio totalmente inexistente
Lo curioso es que entre los criterios en vigor desde 2018 para ser demandante de una vivienda de protección pública en la Comunidad ya figura la imposibilidad de que lo haga quien haya sido “desahuciado de una vivienda protegida” o quien haya “ocupado una vivienda protegida sin título suficiente para ello”, como se puede comprobar aquí. Cosa muy distinta es la imposición del empadronamiento, que nunca ha aparecido por ningún lado.
No ha aparecido hasta ahora en Castilla y León, pero el Gobierno autonómico de coalición de PP y Vox que preside Alfonso Fernández Mañueco sí ha manifestado su intención de asumir la polémica prioridad nacional plenamente. No sólo está incluido entre los puntos de su acuerdo de Gobierno cerrado tras las elecciones autonómicas de este año, sino que ya han mostrado públicamente su intención de comenzar a imponerlo y además en materia de vivienda.
Empezar la prioridad nacional por las ayudas de alquiler
Así lo aseguró en julio el consejero de Economía y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, que a preguntas de ILEÓN admitió que incorporarían el criterio de la prioridad nacional ya desde la siguiente convocatoria de las ayudas al alquiler de viviendas, que saldrá en apenas dos meses, a final de año. “Podríamos introducir alguna modificación, vinculándolo más al elemento del arraigo”, afirmó. Incluso detalló que ese “arraigo” se exigiría a través de criterios a mayores, como “ese empadronamiento y ese tiempo de resistencia en nuestra Comunidad Autónoma” de todos los peticionarios.
En Ponferrada, el PSOE, que insistió en que “jamás vamos a asumir” criterios como la prioridad nacional, trató de ofrecer un acuerdo al equipo de Gobierno para impedirlo, votando a favor del convenio de cesión del solar sin esa imposición de Vox. Pero el PP mantuvo su postura y la defendió también el portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, que retorció el término apostando por lo que “para nosotros es prioridad regional”, en referencia a la Región de El Bierzo que su partido proclama. Sin embargo, consciente de que su apoyo a Vox podría grajearle críticas, quiso compensarlo con el discurso de que para su formación “cualquier persona que viene (a El Bierzo) a desarrollar su proyecto de vida, aquí es tan berciano como el que más”. Para terminar, el socialista y exalcalde Olegario Ramón pedía sin éxito al PP recular con la medida y para ello se preguntó qué sentiría votando a favor, como lo hizo, la concejala de Interculturalidad, Ivelisse Martínez, de origen sudamericano.