La motosierra de Vox en Ponferrada: iba a desbrozar al PSOE y ahora desafía al PP tras cobrar siete meses sin funciones

La primera vez que Vox 'blandió' en una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Ponferrada la motosierra aireada en campaña electoral para “desbrozar de políticas socialistas” la institución municipal fue para recortar el sueldo del nuevo alcalde del Partido Popular, Marco Morala. La segunda vez, tras siete meses de silencio, que hizo 'resonar' su maquinaria fue para amenazar la gobernabilidad en el segundo municipio de la provincia de León, regido desde junio por un pacto entre PP y Coalición por el Bierzo con el apoyo externo de la fuerza de extrema derecha, que respaldó la investidura a cambio del compromiso de ostentar la presidencia de dos institutos por fundar en materias de Cultura y Empleo. Sus dos concejales cobraban desde entonces una dedicación parcial del 80% (37.223 euros al año) por sentar las bases de dos órganos cuya creación ahora han constatado que es “imposible”, por lo que renuncian a su sueldo y exigen contar con concejalías so pena de tumbar los presupuestos municipales. El episodio, con dosis de improvisación y esperpento, ahonda en la inestabilidad política en la que lleva sumida la capital del Bierzo de forma casi ininterrumpida desde 2011.

Vox ha llevado así la iniciativa política ante los dos plenos más importantes del mandato. Tras una rocambolesca disputa interna que derivó en 2019 en su ausencia en la carrera electoral, la formación se presentó en 2023 con su cabeza de lista, Patricia González, motosierra en mano en redes sociales. El partido se convirtió en llave de la gobernabilidad en una Corporación con 25 asientos y la frontera de la mayoría absoluta en 13: sacó 2 concejales, los mismos que Coalición por el Bierzo, determinantes para consolidar al PP (10 ediles) y arrebatar el poder al PSOE (11), que venía de gobernar al frente de un tripartito con la fuerza bercianista (con la que las relaciones ya venían muy tocadas) y Podemos, que quedó fuera de la Corporación. El PP firmó un pacto con Coalición y se aseguró la investidura con los votos de Vox y el compromiso de darles la presidencia de dos institutos que el PSOE, condenado a la oposición, aseguró desde el principio que sería imposible crear al estar la institución municipal sujeta a un plan de ajuste hasta 2028. PP (el alcalde aseguraba que se avanzaba en la tramitación) y CB siguen defendiendo lo contrario.

El PP ya había experimentado entre 2015 y 2019 con un Gobierno de coalición y un apoyo externo. En una Corporación fragmentadísima, la popular Gloria Fernández Merayo se puso al frente de un Ejecutivo PP-CB que sumó apenas 9 ediles de 25. Y contó durante el mandato con el respaldo de las 2 concejalas de Ciudadanos, una de las cuales, Rosa Luna, percibió una dedicación parcial por presidir el antiguo IMFE (Instituto Municipal para la Formación y el Empleo), disuelto durante el mandato siguiente (2019-2023). Precisamente un Instituto de Empleo y otro de Cultura fueron los dos 'caramelos' que iba a recibir Vox hasta que sus ediles dijeron constatar a través de los servicios municipales su imposible creación. Fue ahí, apenas unas horas antes del Pleno de presupuestos, cuando exigieron entrar de facto en el Gobierno municipal. La Alcaldía aplazó la sesión la noche anterior con el argumento de que esta y otras enmiendas a las cuentas se presentaron después de la Comisión de Hacienda. Coalición por el Bierzo salió para recordar que en junio pactó con el PP un bipartito sin Vox, que a renglón seguido anunció que renunciaba a cargos y sueldos y daba por roto su apoyo desde fuera.

Vox ha sido desde las elecciones un elefante en la habitación; incluso en la cafetería de las Cortes de Castilla y León, donde trascendió en las negociaciones postelectorales una foto 'robada' con su candidata sentada a la misma mesa con los de PP y CB, que afirma que su acuerdo de Gobierno se limita a los populares. Tras asegurarse la investidura con CB dentro y Vox fuera del Ejecutivo asegurando que no subiría el sueldo de alcalde, el popular Marco Morala llevó al Pleno de organización una propuesta para cobrar 75.504 euros, casi 15.000 euros más que su antecesor, el socialista Olegario Ramón, que ironizó cuando una contrapropuesta de Vox hizo recular al regidor para establecerse una nómina de 60.400 euros. “Pues sí que le han aplicado la motosierra”, bromeó Ramón. Al llegar esta reconfiguración de los gastos políticos a última hora, la propia secretaria municipal incurrió en algunas equivocaciones por apuntar a mano las cuantías.

Más allá de los chascarrillos, los números reflejaron una relación inédita en el Ayuntamiento de Ponferrada, con todos los concejales del equipo de Gobierno con una dedicación (algunas, eso sí, parciales por apenas un 35% de jornada). Los sueldos políticos se extendieron con sendas dedicaciones al 80% para los ediles de Vox, que se encargarían hasta la creación de los institutos de asumir delegaciones especiales para un proyecto formativo de gestión cultural su portavoz, Patricia González, y para otro de Aula Mentor su número dos, Gerardo González. Desde entonces, ni los concejales ni el propio alcalde han ofrecido explicaciones públicas sobre cuál ha sido su labor (el regidor preside las comisiones informativas de Educación, Cultura, Formación y Empleo). Hasta que, en medio del revuelo de estos días, los ediles dijeron haber trabajado para sentar las bases y los estatutos de los dos institutos. El alcalde, con su municipio estos días en la portada informativa, apenas asomó para retuitear una noticia... sobre la oposición del PP a la amnistía a los implicados en el procés. Y este viernes, tres jornadas después de desatarse la tormenta, se limitó a pedir “serenidad, altura de miras, rebajar el tono y grandes dosis de madurez política” al ser insistentemente preguntado por los medios de comunicación.

El PSOE, que llegó a ofrecer su abstención para desbloquear los presupuestos, tacha de "racistas y negacionistas de la violencia de género y el cambio climático" las enmiendas de Vox

Lo que en sentido práctico para el futuro del municipio se dilucida en estos días es si finalmente salen adelante los presupuestos, claves desde el punto de vista político al ser los primeros del mandato con la posibilidad de prorrogar las cuentas de los siguientes ejercicios. El PSOE, que ya desde el principio alertó de la imposible creación de los institutos prometidos a Vox, llegó a ofrecer su abstención a cambio, entre otras cuestiones, de renunciar a la fundación de estos organismos. Y fue más allá al conocer la letra del resto de enmiendas presentadas a última hora por el partido de Santiago Abascal hasta tacharlas de “racistas y negacionistas de la violencia de género y el cambio climático” por “cargarse” la Semana de la Interculturalidad, reducir a la mitad la Oficina del Inmigrante o tratar de revertir semipeatonalizaciones ya ejecutadas y no restringir el tráfico en la futura Zona de Bajas Emisiones.

Ahora que Vox da por “roto” el escenario pactado al principio de mandato y exige contar con dos concejalías, el PP queda aparentemente entre dos aguas liderando esta especie de Gobierno asimétrico: ceder a estas pretensiones e incorporarlos a la Junta de Gobierno o mantener el acuerdo con Coalición por el Bierzo para un bipartito. La polémica incluso ha derivado en alusiones cruzadas entre los dos socios hasta el punto de que Vox ha afeado que la formación bercianista mantuviera hilo político con el BNG (Bloque Nacionalista Galego), una fuerza situada ideológicamente en la izquierda. Y es que la ceremonia de la confusión no viene más que abonar la inestabilidad política de un municipio que asomó a la recuperación de la democracia con mayorías tan absolutas como la del PSOE en 1983 (20 concejales de 25) o la del PP en 1999 (16 ediles de 25).

Eso sí, los populares habían asumido el bastón de mando en 1995 valiéndose de tres concejales tránsfugas del PSOE para llevar a la Alcaldía a Ismael Álvarez, condenado en 2002 por acoso sexual a su concejala Nevenka Fernández, lo que motivó su dimisión. El PP mantuvo las mayorías absolutas hasta 2011, cuando el propio Álvarez regresó con una formación independiente y pactó con los concejales PSOE una moción de censura en 2013 que terminó con el primero fuera de la política y los segundos como no adscritos. El Ayuntamiento de Ponferrada se mantiene desde entonces con frágiles mayorías y otro episodio de violencia de género, en este caso incluso con la entrada en prisión provisional y ahora una condena a casi 17 años de cárcel al exconcejal de Coalición por el Bierzo Pedro Muñoz por propinar a su exesposa una brutal paliza hasta dejarla al borde de la muerte, empañando su imagen. Y ahora es una motosierra que vino para desbrozar al PSOE y ya amenaza al PP la última en sumarse al ruido político que ya parece uno más en la capital berciana.