Fiscalía pide 18 años de cárcel para el exconcejal de Ponferrada que intentó matar a su esposa

El Ministerio Fiscal pide 18 años y 9 meses de cárcel para el exconcejal del Ayuntamiento de Ponferrada Pedro Muñoz (Coalición por El Bierzo) por intentar matar a su esposa Raquel Díaz, entonces compañera de partido. La fiscal que instruye el caso por la brutal agresión que la dejó parapléjica en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus COVID19 descarta el delito de intento de homicidio porque el político llamó al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León para pedir asistencia sanitaria y le aplica un delito de lesiones agravadas.

El escrito provisional de acusación recoge que Muñoz trató de “acabar con la vida de su esposa”, tirándola por el balcón de su domicilio y golpeándola después de manera reiterada con un palo, además de darle patadas y puñetazos, pero “se arrepintió, la colocó en una posición de seguridad y alertó al 1-1-2 pidiendo ayuda”, por lo que en aplicación del Código Penal, al evitar “voluntariamente la consumación del delito” queda exento de responsabilidad penal, “sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados”. De esta manera, pide la libre absolución del citado delito.

En cambio, le pide 18 años y 9 meses de cárcel por los delitos de violencia habitual, maltrato en el ámbito familiar, injurias, amenazas y, el más grave, lesiones agravadas. Por todo ello, pide también la prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier vía durante 42 años y medio, prohibición de tener armas durante 16 años, una indemnización para su ya exesposa que supera el millón de euros, las costas del proceso judicial y 74.000 euros para el Sacyl y otros 48.000 para el Hospital de parapléjicos de Toledo por la asistencia sanitaria prestada a la víctima.

El escrito de la fiscal relata hasta cuatro agresiones de diferente intensidad desde que el entonces concejal de Ponferrada y su exesposa empezaron su relación en 2017, cuando Pedro Muñoz todavía estaba casado con su primera esposa, y la brutal agresión del 27 de mayo de 2020 que dejó a la víctima parapléjica.

“Desde el inicio de la convivencia”, expone, “la relación vino marcada por el carácter controlador y dominante del procesado” y su “comportamiento de maltrato emocional sistemático a todos los niveles, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral”. La fiscal aduce que “el procesado controlaba de forma obsesiva” a su pareja, y que esa conducta de “control y dominación” fue incrementándose a partir de la boda.

Después llegaron las amenazas y las agresiones físicas -“empujones, golpes, inmovilizaciones y auténticas palizas”- que “provocaron lesiones en la víctima que maquillaba por la vergüenza que sentía al ser una persona [abogada de profesión] con formación en violencia de género”.

El caso, que todavía sigue su tramitación judicial a la espera de que se señale juicio en la Audiencia Provincial de León, recoge que la víctima recibió asistencia psicológica y psiquiátrica desde 2018, nunca presentó denuncia hasta después de la brutal agresión en la que quedó parapléjica, y que llegó a firmar ante notario un año antes que “jamás” había sido “maltratada ni física ni psicológicamente por su esposo”.

Por estos hechos, Pedro Muñoz permaneció en prisión preventiva desde su detención en 1 de junio de 2020, días después de la agresión, hasta el 25 de mayo de 2022, y desde entonces permanece en libertad vigilada, controlado por un dispositivo telemático.

La Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana se manifestó el pasado 31 de mayo a las puertas del Consistorio ponferradino contra la “lentitud de la justicia” en este caso y volverá a hacerlo esta tarde, a las 21 horas, por el criterio de Fiscalía de pedir la libre absolución de Pedro Muñoz por el delito de tentativa de homicidio.