Ponferrada recurrirá la orden de paralización de la red de calor anulada dos veces en los tribunales
El Ayuntamiento de Ponferrada ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia la orden de paralización inmediata de la Red de Calor de la ciudad, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León, y dará cuenta de la resolución al Somacyl, organismo que financió la infraestructura.
El alcalde, Marco Morala, ha señalado, tras la Junta de Gobierno local, que, según criterios técnicos, la suspensión inmediata de la Red no podría llevarse a cabo sin afectar a los usuarios, ya que la sentencia exige que dispongan de sistemas alternativos. “Es incompatible el cierre inmediato con esta exigencia”, ha explicado.
La red de calor de Ponferrada, y la central de biomasa que la alimenta, han visto dos veces anulados sus licencias en los tribunales por recursos de vecinos y organizaciones ecologistas, la última el pasado verano. A principios de noviembre un tribunal ordenó la paralización inmediata de su funcionamiento tras su anulación, por lo que el Ayuntamiento se veía obligado a proporcionar otra calefacción a seis edificios municipales, tras estimar parcialmente la petición presentada por las asociaciones Bierzo Aire Limpio y vecinos del barrio de Compostilla, que habían solicitado la ejecución de la sentencia del pasado mes de julio.
Los edificios municipales ya conectados a la Red de Calor son el Parque de Bomberos, el Pabellón Lydia Valentín, la Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal Valentín García Yebra, los colegios Peñalba, La Puebla-Luis del Olmo (con sin uso) y el de personas adultas Ramón Carnicer.
Asimismo, el Ayuntamiento de Ponferrada ha informado al juzgado de que la Red de Calor no genera afecciones en la calidad del aire, ni en ruido ni en residuos, por lo que su funcionamiento no supone un riesgo para la salud de los vecinos, según los informes técnicos presentados.
La petición de paralización fue promovida por Bierzo Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla, que consideran que la instalación se construyó bajo criterios ilegales y con impacto ambiental para los residentes.
La resolución judicial se producía después de que una sentencia anterior anulase las licencias de la planta, promovida por Somacyl, al considerar que no había superado la evaluación ambiental integral.
El juez advirtió que la central supone “una exposición de la población a un riesgo para la salud y el medio ambiente que nunca ha sido ponderado correctamente por la Administración”. Por ello aceptó los argumentos de los colectivos, que alegaban que la planta supone un riesgo para la salud y el medio ambiente al no haber superado una evaluación ambiental integral. Y por ello ordenó la paralización de la infraestructura por “operar sin las garantías ambientales debidas”.
