Los tribunales tumban por segunda vez la Red de Calor de Ponferrada y obligan a parar su actividad
La Red de Calor de Ponferrada se queda ya por segunda vez en un limbo legal. Primero fue el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de León el que, en julio de 2020, suspendió las licencias municipales otorgadas y las declaró nulas. Ahora, después de que la Junta de Castilla y León burlara aquel prodedimiento quitándose a sí misma la obligación del trámite de evaluación ambiental para activar el proyecto, es el Juzgado de la Contencioso Número 2 de León el que anula todos los permisos y ordena paralizar la actividad. Así lo dice la sentencia dada a conocer por la plataforma Bierzo Aire Limpio, la plataforma que lideró la oposición a esta iniciativa junto a la Asociación de Vecinos Compostilla, el barrio ponferradino en el que se levantó la infraestructura, puesta en marcha con el objetivo de atender la demanda de más de 2.800 viviendas y 43 edificios con una inversión de 12,5 millones de euros.
“La Administración era plenamente consciente de la magnitud real del proyecto, pero decidió limitar el alcance de las licencias de forma artificial”, reza la nueva sentencia del Contencioso de León, calificada como “durísima” por Bierzo Aire Limpio, que exige “dimisiones y una auditoría del dinero público” empleado en este proyecto, impulsado por la Junta con la participación del Ayuntamiento de Ponferrada, que aprobó por unanimidad a finales de 2023 su puesta en funcionamiento. Y es que tira de esa alusión del pronunciamiento judicial para denunciar que esa actitud de la administración “supuso perdonarle a Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, dependiente de la Junta) decenas de miles de euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que se liquidó sobre el presupuesto del edificio (unos 797.000 euros), mientras que el coste total de la obra era más de 2,1 millones de euros”.
“Desde el principio”, expone Bierzo Aire Limpio, “ha sido una cacicada del consejero (de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos) Suárez-Quiñones y de la entonces alcaldesa (de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo), que el siguiente alcalde (Olegario Ramón) consintió. Han sido ocho años de lucha desigual de la sociedad civil del Bierzo contra el Ayuntamiento de Ponferrada y contra la empresa pública Somacyl. Ha sido la lucha de David contra la prepotencia del consejero de Medio Ambiente, que se cree Goliat. Esta sentencia histórica recoge todos nuestros argumentos respecto a dicha instalación construida ilegalmente en el Barrio de Compostilla y que seguirá sin funcionar”.
Los tribunales anulan ahora la licencia de obras, la licencia ambiental y la autorización excepcional de la planta por varios motivos. Aprecian que el Ayuntamiento de Ponferrada ha incurrido en un “fraccionamiento del proyecto” al optar por conceder las licencias impugnadas limitando su objeto exclusivamente a la edificación de la central y excluyendo a la red de calor que distribuye el mismo por toda la ciudad.
Asimismo, la sentencia cuestiona la información pública transmitida en su día sobre el proyecto hasta incluso omitir el trámite de audiencia a los interesados. “A Bierzo Aire Limpio se le notificó el plazo de información pública cuando la documentación prácticamente ya había sido retirada de la web municipal”, señala la propia plataforma, que se hace eco de irregularidades urbanísticas puesto que el proyecto “implica una ocupación intensiva del dominio público local (el subsuelo de numerosas calles) para un uso privativo”, señala la sentencia.
Así las cosas, Bierzo Aire Limpio reclama que este segundo pronunciamiento judicial tenga consecuencias políticas: “Exigimos expresamente la dimisión inmediata de Suárez-Quiñones y la exigencia de las responsabilidades políticas y económicas correspondientes, así como una auditoría del dinero público gastado en este proyecto”.
Por su parte, la Asociación de Vecinos de Compostilla solicita al actual alcalde Ponferrada, Marco Morala, que no recurra la sentencia. Cordal Estudio Jurídico, despacho que ha llevado esta demanda judicial, comunicará esta sentencia al Banco Europeo (que había concedido un aval a Somacyl, igualmente cuestionado“ para que no se siga financiando con dinero público esta instalación que califica como ”un sumidero de préstamos europeos“.
Y es que el abogado de Cordal Estudio Jurídico Víctor A. Bayón sugiere que, de toda esta situación, podrían “incluso derivarse responsabilidades de alguno de los intervinientes dado que el juzgado aprecia una reiteración en la conducta infractora por parte de la Administración al volver a incurrir en parte de los mismos motivos que llevaron a su primera anulación en 2020”.
El Ayuntamiento estudia recurrir
El Ayuntamiento de Ponferrada ha anunciado, a través de su concejal de Urbanismo, Carlos Cortina, que sus servicios jurídicos están estudiando recurrir la sentencia que anula permisos de la central térmica de biomasa, cuya actividad debe paralizarse de inmediato, según el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León.
La sentencia declara nulos varios actos administrativos vinculados a la instalación energética. Pero Cortina aclaró que dichos actos administrativos corresponden al anterior mandato municipal (2019-2023), liderado por el socialista Olegario Ramón.
La sentencia anula, en concreto, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 25 de noviembre de 2021, que autorizaba provisionalmente la central, así como los decretos firmados por Ramón en diciembre de 2021 que concedieron las licencias ambiental y urbanística.
El Ayuntamiento deberá paralizar la actividad de la central mientras se resuelve la situación jurídica.
