La alcaldesa de Fabero llega a juicio por el presunto enchufe de trabajadores vinculados al PSOE en el Ayuntamiento
La alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, se sienta el lunes por fin en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa en 2018. La vista se suspendió hasta en dos ocasiones, primero con motivo de la pandemia de coronavirus COVID-19 y la segunda hace justo un año por la huelga de letrados.
La otrora regidora bajo las siglas del PSOE, fue la candidata socialista a las municipales en 2019 a pesar de su imputación pero el partido la expulsó antes de los comicios de 2023 para que volviese a ser el líder de la formación en la localidad minera el histórico Demetrio Alfonso Cendón. Ahora, se mantiene al frente del Gobierno del Ayuntamiento de Fabero pero con un partido propio, Independientes por Fabero.
Junto a ella, otros tres funcionarios del Consistorio berciano tendrán que dar explicaciones por la contratación de varios trabajadores municipales que Ciudadanos denunció a la Fiscalía. El entonces portavoz del partido liberal, Andrés Pérez Marote, puso en manos de la Justicia y en conocimiento de los medios de comunicación en una rueda de prensa que una de las personas contratadas para cubrir una plaza de atención al público se trataba de una hermana del exalcalde Demetrio Alfonso y tía del secretario general del PSOE en la provincia de León, Javier Alfonso Cendón. Así lo recogió textualmente Radio Bierzo de la Cadena Ser.
Otra de las personas contratadas, para el departamento de Intervención, también tendría una vinculación directa con el entonces equipo de Gobierno municipal. Según Marote, que después de llevar a los tribunales a la líder socialista se presentó en las siguientes elecciones municipales bajo las siglas ya no de Ciudadanos sino del PP, las puntuaciones para cubrir esas plazas internas eran “sospechosas” porque no se hizo una prueba, no se exigía le titulación apropiada y, además, se valoraban especialmente determinadas capacidades solamente adquiridas en contratos previos a los que esas personas habían accedido también por “amiguismo”.
La vista durará dos días, se iniciará el lunes día 26 y se alargará también al martes día 27 de febrero. La Fiscalía pide para Mari Paz Martínez y los otros tres imputados una condena de tres años de inhabilitación como cargo público y ocho meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.
