La Audiencia Nacional interrogará en octubre a los cabecillas de la presunta estafa de Herrero Brigantina
La Audiencia Nacional ha citado para el próximo mes de octubre a los once imputados que constan en la causa abierta contra la presunta estafa piramidal cometida por la empresa berciana Herrero Brigantina, según un auto del Juzgado Número 5 que lidera el juez Santiago Pedraz.
Los nombres de los imputados, que acudirán entre el 15 y 18 de octubre, son el presidente y fundador de la firma, Juan González Herrero, su pareja Kelly Johana Galeano y los directivos Jorge y Carlos Álvarez-Hevia, Rufino Fernández Mallo, Benjamín Suárez, Antonio Lamas Do Monte, Jorge Cantón, Mónico Diéguez, Rodrigo Álvarez y Olga López.
A principios de julio la Policía y la Audiencia Nacional confirmaban la investigación del caso Herrero Brigantina como una presunta estafa piramidal bajo un esquema Ponzi tras meses de investigación tras varias denuncias en juzgados de provincias que acabaron agrupadas en el juzgado central número 5 de Madrid.
“Los investigados se valían de un entramado societario complejo -compuesto por 21 sociedades constituidas en España, Estados Unidos y Reino Unido- y una red de oficinas distribuidas en 27 provincias de nuestro país para ofertar sus productos” financieros, señalaba la Policía en una nota en la que afirmaban que los fondos defraudados oscilan entre los 40 y los 70 millones de euros con “multitud de ahorradores” afectados en todo el país.
El Juzgado ha dado ahora continuidad a las investigaciones tras las solicitudes de las partes personadas, en un caso cuyo principal delito imputado es el de estafa. Entre ellas están los interrogatorios de los responsables de las auditorías de Herrero Brigantina y sociedades vinculadas, así como las empresas reaseguradoras de los productos que vendían. Además pide investigar los movimientos de cuentas corrientes y participaciones accionariales del fundador Juan González Herrero. Tambien pide !a los querellados, personas físicas y jurídicas, a fin de que aporten libros de socios, de transmisiones de participaciones, así como cuentas de resultados, balances y demás libros de contabilidad y económico mercantiles, desde 2019 hasta 2024, ambos inclusives“.
En particular el juez Pedraz pide que se realice “una investigación bancaria que permita determinar toda la actividad financiera realizada por las personas y/o sociedades detalladas a través de instituciones financieras, con información relativa a las salidas y entradas de dinero del exterior”. También se recogerá la declarción de decenas de testigos, principalmente trabajadores de Herrero Brigantina responsables de oficina o que vendieron alguno de sus productos.
Las sociedades que investiga el juzgado, además de las personas físicas son Herrero Brigantina SA, North Atlantic Insurance Broker Company, SA, North Atlantic Insurance Broker Servicios Crediticios SA, Herrero Brigantina Servicios Crediticios SAU, Astudeme SLU, Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora SL, Compañía Madrileña de Mediación Aseguradora SL, Compañía Galega de Corretaje SL y Neonova Investors, SL.
La operación policial y judicial contra Herrero Brigantina incluyó la práctica de siete registros, el embargo preventivo de nueve inmuebles, así como el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un importe de más de 2,5 millones de euros, además de nueve detenciones. Fue desarrollada en varias fases (el registro del chalé del empresario fundador de Herrero Brigantina, Juan González Herrero, en la urbanización Patricia de Ponferrada se produjo a finales del pasado mes de marzo).
Herrero Brigantina, comercializadora de productos financieros, conformó una red de oficinas distribuidas por 27 provincias españolas. Una conocida aseguradora denunció a la empresa por usar su marca para atraer clientes y posteriormente hubo una cascada de denuncias de clientes que no podían acceder a sus fondos. Las pesquisas practicadas señalaban que los movimientos en las cuentas apuntaban a una inversión residual con la que sería inviable devolver el dinero entregado por los inversores, y mucho menos pagarles el beneficio prometido. Al ser un esquema Ponzi, los primeros inversores lograron recuperar su dinero más intereses, pero el resto ha perdido sus ahorros o la mayor parte de los mismos.
