Nueve detenciones, ocho en Ponferrada, por la “estafa piramidal” de Herrero Brigantina de más de 40 millones
Con el arresto de nueve personas (ocho en Ponferrada y una en Madrid), la Policía Nacional da por desarticulada la “macroestafa piramidal” del Grupo Herrero Brigantina, cuya actividad llevaba meses bajo sospecha. “Los investigados se valían de un entramado societario complejo -compuesto por 21 sociedades constituidas en España, Estados Unidos y Reino Unido- y una red de oficinas distribuidas en 27 provincias de nuestro país para ofertar sus productos” financieros, señala el cuerpo en una nota en la que afirma que los fondos defraudados oscilan entre los 40 y los 70 millones de euros con “multitud de ahorradores” afectados en todo el país.
Además de los nueve arrestos, la operación policial incluyó la práctica de siete registros, el embargo preventivo de nueve inmuebles, así como el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un importe de más de 2,5 millones de euros. Fue desarrollada en varias fases (el registro del chalé del empresario fundador de Herrero Brigantina, Juan González Herrero, en la urbanización Patricia de Ponferrada se produjo a finales del pasado mes de marzo).
Herrero Brigantina, comercializadora de productos financieros, conformó una red de oficinas distribuidas por 27 provincias españolas. Personas vinculadas a la banca y los seguros se incorporaron a su departamento comercial, al tiempo que se desarrollaba una estrategia de marketing (fue patrocinadora de varios clubes de fútbol) para crear una imagen de empresa de reconocido prestigio con el fin último de ganarse la confianza de los inversores, apunta la Policía Nacional sin obviar que la empresa resultó premiada por diversos organismos.
Fue a raíz de la denuncia de una “conocida aseguradora” por “el uso indebido de su marca por parte de un grupo financiero” como se desencadenaron las pesquisas. La bola de nieve creció con la posterior interposición de denuncias por parte de “cientos de particulares” tanto en dependencias policiales como ante los juzgados. “Las víctimas”, concreta la nota, “habían invertido diferentes cantidades de dinero, que van desde los 5.000 euros hasta los 2 millones de euros, en productos ofrecidos por diversas sociedades de dicho grupo”. Y es que la repercusión del caso en los medios de comunicación provocó otra oleada de demandas hasta que la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación.
La macroestafa se realizaba utilizando un esquema Ponzi en el que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Las pesquisas practicadas han permitido detectar movimientos en las cuentas, que apuntan a una inversión residual con la que sería inviable devolver el dinero entregado por los inversores, y mucho menos pagarles el beneficio prometido. Al tratarse de este método, los primeros inversores han logrado recuperar su dinero más intereses, pero el resto ha perdido sus ahorros o la mayor parte de los mismos. El grupo desarticulado ofrecía productos financieros con una rentabilidad atractiva a medio o largo plazo engañando a los inversores: les hacían creer que los productos se encontraban bajo el respaldo de entidades aseguradoras de primer nivel.
Ganarse la confianza de los clientes
El primer paso para ganarse la confianza de los clientes pasaba por crear una gran infraestructura de oficinas desplegadas por todo el territorio nacional. Contrataban a comerciales con experiencia en los ámbitos de la banca y los seguros través de sustanciosas ofertas salariales, cuya función era captar el mayor número de clientes posible. Además, pagaban la rentabilidad a los inversores que solicitaban el rescate y que creían estar así ante una gran oportunidad. Finalmente, realizaban campañas de marketing enfocadas a crear una imagen de empresa de reconocido éxito que, incluso, consiguió que su labor fuera premiada por diferentes organismos y reconocida en distintos medios de comunicación.
Además, para reforzar la imagen de solvencia económica, falsificaron escrituras públicas de ampliaciones de capital millonarias que eran inexistentes. Por otra parte, la investigación ha revelado que ni la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ni el Banco de España habían autorizado a las sociedades del grupo a operar en el ámbito de la inversión particular.
Enriquecimiento personal y vida de lujo
Tras analizar las más de 130 cuentas tituladas por los investigados, los agentes han podido determinar que parte de los fondos se han utilizado para el enriquecimiento personal del principal investigado, Juan González Herrero, y su mujer, así como -en menor medida- del resto de los integrantes del grupo. Otra parte importante de los fondos era destinada a la expansión nacional del negocio: llegaron a abrir hasta 29 oficinas por todo el país, con las que se sospecha que pretendían llegar al mayor número de inversores posibles para que la estafa se prolongase en el tiempo masificando así sus beneficios.
Parte de los fondos también sirvieron para pagar productos o servicios de lujo, tales como vuelos privados, alquiler de yates, compra o alquiler de vehículos de alta gama, relojes de lujo o estancias en hoteles de cinco estrellas.
Con el fin de recuperar la mayor cantidad de capital posible para asegurar la indemnización de las víctimas, los agentes han localizado y bloqueado posiciones bancarias a nombre del principal investigado, así como de las sociedades del grupo, vehículos y bienes inmuebles en España.
A mediados del pasado año, una vez que el principal investigado tuvo conocimiento de la investigación policial, comenzó a deshacerse de bienes inmuebles a su nombre y a expatriar capital fuera de España. Cuando su estructura empresarial colapsó, y quedó en evidencia la estafa, huyó a Colombia. En diciembre de 2023, al regresar a España, fue detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas nada más aterrizar el vuelo procedente de Colombia en el que viajaba. Debido a la intervención policial, y a las pesquisas practicadas hasta el momento, el juzgado ordenó la retirada de su pasaporte para evitar que abandonase nuevamente el país.
El pasado mes de marzo se realizó otro operativo policial en el que los agentes detuvieron a otras siete personas y registraron el domicilio del principal investigado y su mujer en la urbanización Patricia de Ponferrada. El registro se saldó con la intervención de un ordenador de sobremesa, dispositivos de almacenamiento masivo, teléfonos móviles y documentación relacionada con pólizas y con las sociedades investigadas, así como dos vehículos de alta gama y numerosos relojes y bolsos de lujo.
Posteriormente, ya en el mes de mayo, se llevaron a cabo varios operativos en los que se realizaron los registros del archivo central del grupo financiero y de los locales que constituían las oficinas de la sede del grupo. En estas intervenciones policiales, además, los agentes detuvieron a una novena persona e imputaron a otra como investigada no detenida. Como resultado de los registros, se incautaron varios discos duros y numerosa documentación relacionada con los hechos, entre ella contratos de más de 200 víctimas.
Fruto de la investigación, los agentes han bloqueado numerosas cuentas bancarias de las sociedades del grupo investigado, así como de los principales miembros del mismo, y pólizas de seguros. Concretamente, se ha bloqueado una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) con más de un millón y medio de euros, 540.000 euros de cuentas bancarias, 48.000 euros de planes de pensiones y 120.000 euros de pólizas. Además, se ha realizado el embargo preventivo de nueve inmuebles.
