En la letra pequeña de las últimas decisiones del Gobierno autonómico de Castilla y León, la semana pasada, se escondía la aprobación a la Universidad Católica de Ávila (UCVA), privada, para convertirse formalmente en una nueva universidad asentada en Ponferrada, la capital de la comarca de El Bierzo. Sería ya la tercera, después del Campus de la Universidad de León y de la sede de la Universidad a Distancia (UNED). La decisión, adelantada y confirmada por ILEÓN, que pilló con el pie cambiado a las autoridades académicas de estas universidades públicas, hizo que pidieron explicaciones a la Junta de Castilla y León por esta decisión que desconocían, evidenciando que casi nada parecían saber las autoridades comarcales y provinciales.
La resolución autorizada con informe favorable por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), dependiente de la Consejería de Educación de la Junta, venía a adscribir el Centro de Educación Superior ‘Alfonso XII’, que será de nueva creación, a la Universidad Católica ‘Santa Teresa de Jesús’ de Ávila (UCAV), convirtiéndolo de facto en una 'sucursal' de esta influyente universidad privada.
Esto ocurría apenas dos meses después de que el Gobierno central, alarmado por la proliferación de universidades privadas y su ampliación del asentamiento por todas las diferentes autonomías, decidiera endurecer en gran medida los requisitos que exigir a estos campus. Unos requisitos que venían a intentar poner freno a las universidades de grandes grupos inversores y no pocos colectivos de interés ideológico, que aceleraban su desembarco para hacerse con un trozo del pastel en el negocio de la educación, promoviendo sedes en lugares tan surrealistas como en un edificio de oficinas en un polígono industrial, un antiguo concesionario de coches o un centro comercial.
Universidad de calidad, ascensor social
Ya el exministro Manuel Castells puso en marcha ese endurecimiento en 2021, pero ha resultado del todo insuficiente. Ahora, comprobado el sorpasso que permite a las universidades privadas sumar ya más alumnos de máster que las públicas, cuando hace apenas diez años hace menos de diez años suponían poco más del 30%, fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció a finales de este mes de marzo, nuevas y más restrictivas medidas para impedir ese crecimiento descontrolado de universidades en España, muchas de ellas impulsadas por la modalidad online. “La universidad no puede ser una fábrica [de títulos] sin garantías”, defendió Sánchez en acto montado para dar a conocer las nuevas trabas, en un evento de título muy elocuente: ‘En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social’.
Entre los requisitos que se anunciaron destacó un nuevo informe de viabilidad y calidad que sería obligatorio y vinculante a cargo de la Aneca, la agencia estatal de calidad universitaria; que los nuevos centros sumen al menos 4.500 estudiantes en un período de cinco años; o que las universidades online tengan carácter nacional, de modo que tengan que ser autorizadas por el Estado en vez de por las comunidades autónomas.
El Gobierno daba con otra clave a controlar: el 'truco' de los centros adscritos, que al depender de universidades ya existentes relajan los requisitos para ampliar su implantación en el territorio, dentro de la misma Comunidad autónoma o en otras, porque requieren una autorización más laxa al provenir de campus ya operativos. En este caso, el Gobierno fija que sería obligatorio un informe preceptivo y vinculante de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) y el Consejo de Universidades (que reúne a los rectores con el Gobierno).
El entramado de empresas y primer reacciones críticas
Antes de que todo esto entre plenamente en vigor, ya que el Gobierno anunció un plazo de tres años para que las universidades se ciñan a los nuevos criterios que frenen el crecimiento descontrolado de los campus privados, la Junta aprobó este centro adscrito de Ponferrada a la UCVA. Sólo la rectora de la pública Universidad de León, Nuria González, admitía la semana pasada que apenas se conocía hasta ahora que la Junta de Castilla y León, que ahora gobierna el PP en solitario, “estaba tramitando una iniciativa en este sentido”.
Tras el acuerdo, se sabe que ese centro adscrito del campus católico abulense se desarrollará en unión a un entramado de empresas educativas de origen granadino, Educa Edtech Group, a la que pertenecen las dos compañías que conforman el llamado la empresa de nueva creación llamada Centro de Postgrado y Títulos Propios Alfonso XII SL. Será la que se asiente en una sede aún no definida de la ciudad berciana.
No pocas voces han reaccionado ya pidiendo explicaciones a la Junta de este desembarco privado, como la propia rectora leonesa. Casos como el del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, el sindicato Comisiones Obreras o Juventudes Socialistas, que hablan abiertamente de “chiringuito” educativo.
Titulaciones aún desconocidas
Por su parte, la Universidad Católica de Ávila ha hecho público que, aunque ya autorizada su llegada a Ponferrada, aún no se han decidido “las titulaciones concretas” que se impartirán porque dependen de “presentar y modificar los planes de estudio ante los organismos de calidad y la administración autonómica antes de su implantación definitiva”.
El último visto bueno de sus planes de estudios volverá a quedar en manos de la Junta, a través de su Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl). Pero ante cualquier duda, fuentes de la UCVA insisten en que “los estudiantes que cursan sus estudios en un centro adscrito” como el berciano “obtienen un título oficial expedido por la Universidad” privada, así como “el acceso a otros procedimientos académicos”, en toda regla.