Vecinos de Fabero recurren al Defensor del Pueblo para frenar la planta solar en un viejo cielo abierto de Victorino Alonso
Tras el último visto bueno de la Junta de Castilla y León a la instalación de una planta solar en una antigua mina de carbón a cielo abierto de Victorino Alonso, vecinos de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes (localidades del municipio de Fabero en los que se enclavaba la explotación conocida como la Gran Corta) han recurrido con alegaciones al Defensor del Pueblo para frenar la iniciativa. Lo hacen apelando al derecho de reversión de los terrenos que hace 25 años fueron “expropiados” y “comprados bajo amenaza de expropiación” en los años noventa por el empresario minero, actualmente en prisión por un delito medioambiental y al que acusan de estar detrás de este nuevo proyecto a través de “testaferros”.
El Defensor del Pueblo ya ha abierto un expediente relacionado con la reclamación presentada por los vecinos de Lillo y Otero de Naraguantes sobre unos terrenos en los que se explotó carbón a cielo abierto hasta noviembre de 2018 y sobre los que ahora se pretende construir la instalación de las infraestructuras de evacuación de la planta solar denominada 'Fabero'. Los promotores son las sociedades Geninvest y Distribuidora Eléctrica del Sil, a las que tachan de “testaferros” de Alonso.
Según el relato de los vecinos, estas empresas aseguran que los terrenos fueron pagados en los noventa “muy por encima de su valor de mercado”, algo que rechaza este frente de oposición al proyecto, que pone el grito en el cielo al denunciar la intención de Victorino Alonso de volver a apropiarse de la parcela tras ser restaurada de su uso anterior “con dinero público” para ahora “cobrar nuevamente subvenciones públicas” por levantar la instalación fotovoltaica “expoliando de nuevo el patrimonio de los pueblos”. Contra este proyecto ya presentó en su día alegaciones la plataforma Bierzo Aire Limpio.
La documentación requerida por el Defensor del Pueblo demuestra, a juicio de los vecinos, que “la persona solicitante de las autorizaciones administrativas de la instalación de producción” no ha pedido acreditar la propiedad de los parcelas dado que una parte “ocupa y pasa por terrenos con derecho a reversión” hacia habitantes y juntas vecinales de Lillo y Otero una vez transcurridos 25 años de la compraventa de las fincas por parte de Uminsa (Unión Minera del Sil), empresa que formaba parte del conglomerado del Grupo Alonso.
En cambio, los vecinos sí aseguran haber aportado los contratos de compraventa en los que se especifica esa cláusula de reversión de los terrenos en los que ahora se pretende instalar una planta fotovoltaica de 10 megavatios de potencia y que ocuparía una superficie de 26,5 hectáreas. Y advierten de que esta iniciativa choca con la voluntad de formar una comunidad energética autogestionada en Lillo del Bierzo,, modelo que contraponen al de “macroempresas buitres” con ramificaciones en la cuenca minera berciana “que vienen a re-explotar en el siglo XXI lo que ya fue expoliado en el siglo XX con el carbón”.
Ahora recurren al Defensor del Pueblo tras denunciar que el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta en León ha autorizado la construcción del parque fotovoltaico “sin haber exigido previamente que se cumplan los acuerdos y contratos firmados con los interesados y haber contado antes con ellos”. “Los pueblos exigen a la Junta de Castilla y León que sea garante de los derechos de quienes les eligen y no de las empresas que vienen de fuera a expoliar el patrimonio de los pueblos”, señalan.
