17 imputados por la estafa de Herrero Brigantina declararán en la Audiencia Nacional en febrero y marzo
La Audiencia Nacional tomará declaración desde el próximo 4 de febrero y hasta el 13 de marzo a los 17 imputados que constan de momento en la investigación por presunta estafa de la sociedad berciana Herrero Brigantina, que alcanza los 4.000 afectados por un valor que supera los 200 millones de euros presuntamente estafados por el grupo empresarial comandado por el empresario Juan González Herrero.
El fundador y presidente de la sociedad será el primero en acudir a declarar al Juzgado Central de Instrucción 5 que dirige Santiago Pedraz el próximo 4 de febrero junto a Kelly Galdeano, su pareja y vicepresidenta de Herrero Brigantina y Jorge Álvarez-Hevia, directivo y 'mano derecha' del empresario. Serán los primeros nombres de un largo desfile de hasta 17 nombres de directivos y responsables del grupo empresarial a los que se acusa de los presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, insolvencia punible, pertenencia a organización criminal, administración desleal y falsedad documental.
Los días 6, 25 y 27 de febrero será el turno de directivos de la compañía o sus filiales como Carlos Álvarez-Hevia, Rufino Fernández y Benjamín Suárez, Antonio Lamas, Jorge Cantón, Mónica Diéguez, Rodrigo Álvarez, Olga López y Felicitas Ferrer. En marzo declarán otros cinco directivos presuntamente implicados: Jaime Maseda, Miguel Ángel Barba, Mauricio Ortega, Samuel López y David González. Finalmente se ha llamado a las sociedades que conformaban el grupo el 20 de marzo.
La declaración de los principales imputados estaba prevista inicialmente para octubre, pero la necesidad de poner orden a la multitud de abogados y demandantes personados hizo necesaria la agrupación en cinco acusaciones particulares. Algunos de los nombres citados como imputados y testigos en octubre y ahora han variado su condición procesal.
El juez ha señalado que en relación a otras personas señaladas como presuntos responsables en algunas de las querellas admitidas, así como los testigos, las acusaciones “deberán conconcretar para aquellos la imputación de hechos y para los testigos su razón de pedirlo”. Además se señala “no se consideran precisas las declaraciones de los perjudicados por cuanto tienen representación procesal y puedan hacer las alegaciones oportunas a lo que se une que se retrasaría al instrucción de la causa, como tampoco los ”comerciales menores“ pues poco aportarían y serían redundantes”.
En este tiempo de instrucción la causa ha investigado los movimiento del dinero recaudado por Herrero Brigantina y su destino, determinando los altos sueldos de la cúpula de la empresa y el desvío de fondos a cuentas particulares de González Herrero y su familia. Se han bloqueado activos por un valor de 6 millones de euros y detectado la compra de propiedades inmobiliarias en Colombia. Se investiga también el patrimonio de sociedades de Reino Unido y Estados Unidos vinculadas a González Herrero.
La caída de Herrero Brigantina comienza a gestarse en 2023 al formalizarse las primeras denuncias de impagos de los productos financieros que vendía sin que constara autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), necesaria para este tipo de operaciones. Las sociedades del grupo sí tenían autorización de la Dirección General de Seguros para la intermediación de este tipo de productos, el origen de su modelo de negocio antes de virar hacia una “banca privada” que vendía el presidente en diferentes manifestaciones públicas, sin que nunca haya constado autorizaciones de ese tipo.
Las denuncias acumuladas en juzgados de Salamanca, Ponferrada o Asturias fueron elevadas a la Audiencia Nacional, que inicialmente rechazó la inhibición pero finalmente asumió la investigación en febrero del 2024. En el verano del 2024 se realizó una operación policial con nueve detenidos en la que de determinó que la estafa afectaba a cientos de personas en 27 provincias y por un importe de hasta 70 millones de euros. Actualmente figuran en la causa alrededor de 4.000 afectados que reclaman más de 200 millones de euros, aunque la cifra de afectados podría ser todavía mayor según avance la causa.
El conglomerado empresarial berciano fue fundado en 2011 en A Coruña por el economista Juan González Herrero, que aseguraba ser pariente del fundador del Banco Herrero, y montó según la UCO un clásico esquema ponzi, pagando los altos intereses que ofrecía con el dinero de nuevos inversores, además de mover varios millones de euros a sus cuentas personales.
