El PSOE de Ponferrada aceptará la entrada en vigor de las multas en 2027 para apoyar la Zona de Bajas Emisiones
El PSOE de Ponferrada anuncia que cederá ante el equipo de Gobierno de Ponferrada la entrada en vigor de las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio a partir del 1 de enero de 2027 como “última cesión” para llegar a un acuerdo que permita aprobar la norma.
El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada rechazó el pasado mes de mayo, con los votos en contra de Vox y PSOE, la aprobación de la ZBE del municipio berciano después de que se rechazasen las 12 enmiendas que presentó el grupo socialista como condición para apoyar la ordenanza, que reclamaba -entre otras enmiendas- mejoras en la medición de contaminantes.
Debido a la falta de una normativa concreta, a principios de julio el Equipo de Gobierno de Ponferrada recibió un requerimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el que les reclaman información sobre el estado de la ZBE.
“Hemos cedido mucho. Propusimos enero de 2026 y julio de ese año y ahora esta fecha. Es la última cesión. Aprobar la normativa y que la ZBE entre en vigor y no haya que devolver la subvención europea es tan fácil como aceptar esa fecha y que, en caso de contaminación, las medidas entren de forma paulatina”, explicó el portavoz del PSOE, Olegario Ramón quien además censuró las palabras del concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, quien pidió que no se use este tema de forma política. “Lo piden ellos que quieren que las sanciones entren en vigor cuando ya no gobiernen”, dijo.
Por otro lado Ramón insistió en que el actual equipo de gobierno “gasta sin límites” y advirtió que llegarán “informes demoledores del Tribunal de Cuentas”. En ese sentido recordó la existencia de un informe de la interventora municipal en el que dice que es necesario controlar el gasto. “Y mientras gastan 327.000 euros en alumbrado de fiestas y en esculturas como la del mirador de la Tebaida y para sustituir la de la rotonda de los ciclistas”, lamentó.
Además el socialista negó que los 15 millones de euros que el Ayuntamiento debe pagar sean consecuencia de una mala gestión de su gobierno. Volvió a recordar que la mayor parte de los 7 millones de euros que reclama la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, FCC, en concepto de liquidación del anterior contrato, provienen de la decisión adoptada en 2017 por la alcaldesa del PP, Gloria Fernández Merayo, quien para acabar con la huelga acepto asumir el coste del acuerdo alcanzado entre la empresa y los operarios.
Por otro lado, y respecto a los más de tres millones que pide la empresa concesionaria del Agua, Aquona, por no haber aplicado desde hace años la subida del precio del agua, Ramón dijo que en 2019 ellos subieron el recibo un nueve por ciento “a pesar de ser una medida impopular. Por entonces el actual alcalde dijo que era un despropósito. A ver que hace ahora que le piden una subida del 17 por ciento”, afirmó.
En cuanto a los 2,4 millones que reclama el Banco Santander, por el Mundial de Ciclismo, y ratificada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, el socialista afirma que dejaron consignados para ello casi 3 millones.
Por último aseguró que el acta de arqueo de 2023, cuando ellos se fueron del gobierno municipal, arrojaba 27 millones de euros, casi 13 de ellos en metálico. “Ahora quieren solucionar su gasto sin control con un tasazo a los comerciantes”.
