Una decisión de Vox en la Junta permitirá a Endesa demoler todas las torres y chimeneas de la térmica de Compostilla

Vista de las chimeneas y torres de la central térmica de Compostilla.

Carlos J. Domínguez

Al final, el icónico sky line de la central térmica de Compostilla II en la comarca del Bierzo, superviviente del cierre del sector minero en la provincia leonesa, será derribado con explosivos. No hay fecha pero sí decisión definitiva, ya que este penúltimo día del año la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, que preside Vox, ha decidido desestimar una posible protección de estas infraestructuras a través de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

De este modo, la dinamita que Endesa ya había instalado para demoler sus torres y chimeneas escasos días antes de la festividad minera de Santa Bárbara, y que la propia Junta anunció a bombo y platillo que trataría de 'apagar' instando a la apertura del expediente de BIC, finalmente hará su trabajo en una fecha por determinar pero que en principio no da margen a protección alguna.

Es decir, que la consejería dirigida por Vox enmienda su propia pretensión, ya que la formación de extrema derecha forma junto con el Partido Popular el Gobierno autonómico que decidió in extremis el ahora fallido intento el 24 de noviembre, hace poco más de un mes. El acuerdo fue anunciado por el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y cogió por sorpresa incluso a la compañía eléctrica, que llegó a alertar del peligro de no derribarlas pronto.

A través de una nota de prensa, la propia Junta de Castilla y León se encarga de argumentar los motivos del nuevo jarro de agua fría. Lo hace, dice, después de conocer el último informe remitido por los expertos a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la consejería que preside, Gonzalo Santonja.

En ese informe se considera excesivo el coste que se ha estimado para las obras de mantenimiento de las chimeneas y costes de refrigeración, que sumarían casi 20,3 millones de euros en los próximos 25 años. Una cifra que a posteriores de la decisión adoptada consideran ahora tan elevada que “podrían resultar seriamente afectados los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”, reza textualmente la nota de prensa.

Según detallaron fuentes del Ejecutivo autonómico, esta misma semana los responsables del expediente recibieron el informe preliminar del estudio de estabilidad estructural elaborado por dos empresas dedicadas a la ingeniería civil. En su apartado final, el informe cuantifica los gastos necesarios para mantener en pie los elementos singulares y concluye que ascienden a más de 8,6 millones.

A esta cantidad, habría que sumar el coste del mantenimiento de las instalaciones durante los próximos 25 años, que supera los 11,6 millones, según las previsiones, así como los costes de reparación y mantenimiento de las dos chimeneas que no han entrado en el estudio y la futura indemnización a Endesa por las pérdidas generadas en derechos ya adquiridos al no poder valorizar los materiales provenientes de una demolición no ejecutada y el incumplimiento de los contratos formalizados con las empresas encargadas de dicha demolición.

Eso no es óbice para que la Consejería de Cultura, aún no teniendo ninguna competencia en la materia, se justifique finalmente argumentando que “la Junta sigue trabajando en contribuir a la soberanía energética de España”, argumento esgrimido públicamente por Vox en las Cortes autonómicas en diversas iniciativas energéticas, y añadiendo vagamente que lo hará “mediante la búsqueda de nuevas formas y fuentes de explotación”.

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