Ninguno de los 45 edificios arrasados por el fuego en el pueblo de Lusío han sido aún reconstruidos por la Junta, como prometió
Justo cuando se cumplen hoy cuatro meses desde que un incendio forestal procedente de Orense quemó en agosto unas 5.000 hectáreas del municipio berciano de Oencia -un incendio que también se llamó Gestoso- y arrasó gran parte del pueblo de Lusío, la Junta de Castilla y León todavía ha anunciado la primera aprobación directa de una partida económica, en concreto de 3,8 millones de euros, destinada a iniciar la reconstrucción de la localidad, que sigue presentando un aspecto bélico.
La cuantía exacta de 3.864.000 euros se anticipará íntegramente, anuncia el Gobierno autonómico, a la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León). Se trata de la primera partida directa, del total de 6,8 millones de euros prometidos ya desde finales del mes de agosto por la Consejería, en que se cuantificaron todos los trabajos básicos necesarios para tratar de recuperar cierta normalidad en la localidad berciana.
Con cuatro meses sobre la fecha de la tragedia, todavía es ahora cuando se habilita la primera partida “destinada a financiar los trabajos de reconstrucción de las viviendas, inmuebles e infraestructuras urbanas esenciales de la localidad de Lusío”, reza la nota de prensa enviada tras el Consejo de Gobierno celebrado hoy. Y eso a pesar de que esa propia nota admite que “el núcleo de población de Lusío, de gran valor etnográfico y caracterizado por su arquitectura rural tradicional de carácter agropecuario, resultó especialmente afectado por los incendios”.
El comunicado especifica aún más, cifrando por primera vez en 45 las construcciones de la localidad que quedaron “inhabitables”. Las fotografías ya de aquellos días daban muestra de la devastación producida cuando las llamas entraron sin control alguno en el pueblo, que había recibido la orden de desalojo el 18 de agosto. La Junta admite también ahora que quedó “comprometida la seguridad y funcionalidad de los viarios y demás infraestructuras urbanas esenciales”, como por ejemplo la red de agua.
Hasta ahora constan trabajos de desescombro y derribo de algunos edificios o partes de edificios, pero ni una sola rehabilitación a pesar del tiempo transcurrido. Aquellos trabajos de aseguramiento fueron inspeccionados en persona por la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, María Pardo, al cumplirse dos meses del desastre, el 18 de octubre de este año. Entonces, comprometió una rápida actuación para la reconstrucción de un total de nueve viviendas y la construcción de tres nuevas, para favorecer el arraigo y la repoblación tras los momentos dramáticos vividos el pasado verano. Igualmente, se prometió ya desde entonces actuaciones de reposición de infraestructuras básicas, de saneamiento, de pavimentación de las calles o de suministro eléctrico, para garantizar las mínimas condiciones de habitabilidad.
Han tenido que transcurrir otros dos meses más para que el Gobierno autonómico destine, ahora, la principal partida a labores directas de reconstrucción, que deja en manos de Somacyl, ya que no consta que se haya puesto en pie ni asegurado de manera definitiva ninguna de las construcciones afectadas y compromtidas. Tampoco conocía hoy este detalle de falta de acción real el consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, preguntado al respecto después de dar a conocer el acuerdo.
El 'enroque' de Quiñones para no informar
Tampoco Carriedo aclaró si finalmente el Ejecutivo garantizará la comparecencia oficial y pública, en las Cortes de Castilla y León, del consejero responsable del operativo de los incendios, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el peor año de datos de la historia reciente de León y de la actual autonomía, un balance que el consejero leonés ha ofrecido sin falta todos los años en los nueve en que ha sido consejero de Medio Ambiente, pero que ahora parece rehuir.
El portavoz, que en dos ocasiones anteriores aseguró que Quiñones comparecería, tras lo que el propio consejero lo negó también por dos veces asegurando que ya ha dado información suficiente, se limitó a responder que “está a disposición” de las Cortes de Castilla y León, cuya comisión, además, preside su partido, el Partido Popular. Los populares se acogen a que ya ha vencido el período ordinario de sesiones en el Parlamento autonómico, si bien podría habilitarse el mes de enero si hay un apoyo suficiente y mayoritario de los grupos.
