Un policía nacional de Ponferrada se enfrenta a tres años de cárcel por revelar datos reservados de un particular a una vecina
Un agente de la Policía Nacional destinado en la comisaría de Ponferrada se sentará en el banquillo de los acusados por haber accedido sin justificación profesional a información reservada de un particular almacenada en bases de datos policiales, imprimirla y dársela posteriormente “a una vecina, que se la entregó a su sobrina” después de las elecciones municipales de mayo del 2023. El Tribunal de Instancia de Ponferrada ha acordado la apertura de juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos cometido por funcionario público. El caso será juzgado por el Juzgado de lo Penal de Ponferrada.
El procedimiento supera la fase de instrucción y avanza hacia el juicio, después de que la Audiencia Provincial de León haya apreciado “indicios racionales de criminalidad” suficientes para ser juzgados.
Según el relato recogido por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el agente trabajaba en la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Ponferrada cuando, el 29 de abril de 2021 a las 15.23 horas, un usuario policial vinculado al investigado accedió de forma voluntaria a información sobre el perjudicado contenida en las bases de datos policiales. La Audiencia sostiene, de acuerdo con los indicios obtenidos durante la investigación, que esos datos fueron consultados sin justificación laboral, impresos y entregados a una vecina.
La documentación judicial añade un elemento temporal relevante: la mujer vecina del policía habría entregado posteriormente esa información a una sobrina después de las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023. Por tanto, el auto sitúa el acceso a los datos dos años antes de las elecciones, pero su difusión después de los comicios, por lo que se intuye un fin político sobre el que este medio ha preguntado a diversas fuentes sin obtener respuesta.
La defensa del policía intentó frenar el avance del procedimiento mediante un recurso de apelación. Su principal argumento era que los hechos investigados, en caso de acreditarse, deberían tener consecuencias en el ámbito disciplinario y no en el penal. Tanto el Ministerio Fiscal como la representación del perjudicado pidieron que se rechazase el recurso y que continuase la causa. La Audiencia Provincial de León terminó desestimando la apelación el pasado 25 de marzo y confirmó la decisión de seguir adelante por los trámites del procedimiento abreviado.
La Audiencia considera que la investigación ha permitido concretar suficientemente tanto el supuesto acceso a las bases policiales como la impresión de la información y su entrega fuera del ámbito profesional. Tras esa decisión, el Tribunal de Instancia de Ponferrada dictó el 5 de mayo de 2026 el auto de apertura de juicio oral.
La Fiscalía acusa al policía de un delito de revelación de secretos de un particular cometido por funcionario público. Según recoge literalmente la resolución, solicita tres años de prisión, 15 meses de multa con una cuota de 12 euros diarios, dos años de suspensión de empleo o cargo público, las correspondientes penas accesorias y el pago de las costas. Reclama además 800 euros para el perjudicado por daños morales.
La acusación particular va más allá. Atribuye al agente delitos de los artículos 415 y 417 del Código Penal, sobre la custoria de secretos y documentos, y solicita, por el primero, diez meses de multa a razón de diez euros diarios y dos años de inhabilitación para empleo o cargo público. Por el segundo reclama tres años de prisión, 16 meses de multa a diez euros diarios y tres años de suspensión de empleo o cargo público. En materia de responsabilidad civil eleva su reclamación hasta los 30.000 euros por el perjuicio moral que asegura haber sufrido el afectado.
Entre las pruebas propuestas para el juicio figuran el interrogatorio del acusado, la declaración del perjudicado y de varias personas relacionadas con los hechos, además de diversos agentes de la Policía Nacional.
El juez ha acordado que el acusado preste fianza para garantizar las responsabilidades civiles que se le reclaman y ha señalado expresamente al Juzgado de lo Penal de Ponferrada como órgano competente para celebrar el juicio y dictar sentencia. El auto de apertura de juicio oral ya no puede recurrirse, salvo en aquellos aspectos que afecten a la situación personal del acusado.
Por el momento no ha trascendido oficialmente la fecha en la que se celebrará la vista. Pese a la relevancia de una causa que afecta a un funcionario policial acusado de utilizar información obtenida por razón de su cargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no ha facilitado a este medio más información sobre el procedimiento. La abogada de la acusación particular tampoco ha querido precisar cuándo se celebrará el juicio y, al ser preguntada al respecto, se ha amparado en su secreto profesional.
