Una empresa vinculada al condenado 'rey del carbón' Victorino Alonso reconoce que se intentó apropiar de 200 hectáreas de fincas privadas para que otra, también relacionada con el magnate minero, construyese una planta fotovoltaica sobre una antigua mina a cielo abierto, en unos terrenos que tendría que haber devuelto después del cierre del sector y que se están restaurando con dinero público.
Promining S.A., cuyo administrador único y otros de sus apoderados mantienen vínculos con sociedades de Victorino Alonso y su entorno societario, ha enviado una nota de prensa a los medios para “animar”, ahora, a los propietarios de las fincas a pedir que se las devuelvan.
Este medio ha tenido acceso a la carta que la misma empresa, Promining S.A., envió al Ayuntamiento de Fabero y en la que asume que en marzo de 2016 compró a Uminsa, antigua empresa de Victorino Alonso quebrada, las fincas de la Gran Corta en las que se estuvo extrayendo carbón a cielo abierto hasta dos años después. “En total son 244,15 hectáreas de las cuales 47,65 proceden de contratos que no tienen cláusula de reversión y otras 196,5 que sí la tienen”, dice textualmente.
Dicha cláusula de reversión que incluían la mayoría de los contratos que los particulares firmaron a principios de los años 90 con el rey del carbón recoge que: “El comprador [a saber la empresa minera de Victorino Alonso] establece a favor de la vendedora o de sus causa-habientes un derecho de reversión de la finca comprada que no podrá ejercitarse hasta que no transcurran veinticinco años desde la fecha de compra”. Al cabo de esos 25 años, los terrenos deberían haber retornado a los dueños o a sus derecho habientes, más teniendo en cuenta que ni siquiera continuaba la actividad extractiva para la que se habían cedido al empresario minero.
“A los 25 años de la firma de los contratos todo estaba hecho un desastre. La gente no pidió la devolución de las rocas, barrancos y escombreras que dejó. Los terrenos se tienen que devolver restaurados”, cuenta uno de los afectados a elbierzo.eldiario.es
En el escrito que la empresa ha hecho llegar a los medios de comunicación asegura que ya ha iniciado el proceso de la devolución de las fincas, aunque advierte que no la hará efectiva hasta el año que viene, cuando está previsto que acaben los millonarios trabajos de restauración que se están llevando a cabo en la zona, que debería haber ejecutado Alonso, condenado a casi seis años de prisión por delitos medioambientales, y que finalmente se está llevando a cabo con dinero público proveniente de fondos europeos y de la Junta de Castilla y León. Y esa reversión la efectuará si existe reclamación por los firmantes de aquellos contratos o sus herederos en el plazo dado por la empresa.
Casualmente, otras empresas también vinculadas al magnate minero han sido las que han obtenido los contratos para realizar los trabajos de restauración de la Gran Corta, que Victorino Alonso dejó sin hacer a pesar de tener la obligación de llevarlos a cabo antes de abandonar la explotación.
Una fotovoltaica sobre una antigua mina de carbón
¿Por qué tienen relevancia ahora estos terrenos? Porque Promining asume también que ha cedido o vendido parte de las 244,15 hectáreas que le había comprado a Uminsa, 200 hectáreas de particulares y no suyas, a una tercera empresa que también está vinculada al rey del carbón, Genelec Invest SA, “promotora de un parque solar” precisamente en esa zona.
Promining acusa a los propietarios de las fincas que reclaman su titularidad de “tratar de boicotear un proyecto de planta solar para, posteriormente, tratar de apropiarse del mismo”, motivo por el que, dice, “están obstaculizando y poniendo el riesgo en proceso”. No obstante, “anima a todos los propietarios a remitir sus solicitudes para poder planificar adecuadamente la devolución de los terrenos”.
Los propietarios de fincas en la Gran Corta de Fabero con contrato con cláusula de reversión tienen hasta final de mes para enviar un correo a la dirección electrónica miguelrinmobiges@gmail.com con la siguiente documentación para reclamarlas:
- Nombre del solicitante, domicilio para comunicaciones, teléfono y email de contacto.
- Fotocopia del DNI.
- Copia de los contratos de compraventa sobre los que el solicitante desea ejercer el derecho de reversión en los que figure como vendedor.
- Para el caso de ser causahabiente, documentación acreditativa de dicha condición.
Visto bueno de la Junta a la fotovoltaica, sin evaluación ambiental
La Junta de Castilla y León dio el visto bueno a la empresa vinculada a Victorino Alonso que promueve la instalación de dicha planta solar en la antigua mina de carbón de la Gran Corta, sin someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria y sin comprobar que los terrenos debían haber revertido a sus legítimos propietarios.
La planta solar que tomará el nombre del municipio en el que se va a instalar, Fabero, ocupará una superficie de 26,5 hectáreas de la explotación a cielo abierto, de terrenos en disputa. La administración autonómica decidió suspender el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada teniendo en cuenta únicamente la documentación aportada por el promotor. Además de añadir que se ubica en una zona calificada como de sensibilidad ambiental “baja” para instalaciones de renovables, tanto eólicas como fotovoltaicas, según la zonificación ambiental elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Eso sí, el análisis técnico del proyecto deja patente que se trata de una zona con presencia de especies protegidas como el oso pardo, varios anfibios, reptiles, aves y otros mamíferos.
Dos Bienes de Interés Cultural afectados
El proyecto se plantea muy próximo a la zona de afección del Bien de Interés Cultural 'Cuenca minera de Fabero' y al recientemente reconocido como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Etnológico de La Recuelga.
En ese sentido, la administración autonómica consideró en su momento que la explotación cultural y patrimonial e industrial de la zona es compatible siempre y cuando la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Castilla y León, o si es el caso, la Dirección General den su visto bueno. Hasta esta fecha no se conoce que hayan dicho lo contrario.
Los propietarios, en pie de guerra
Después de que la Junta de Castilla y León diese su visto bueno a construir la planta fotovoltaica, los propietarios de las fincas, vecinos de las juntas vecinales de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes, se pusieron en pie de guerra y crearon una plataforma vecinal para reclamar lo que consideran que es suyo. El Defensor del Pueblo llegó a abrir un expediente relacionado con su reclamación.
Según el relato de los vecinos, la intención de Victorino Alonso es volver a apropiarse de los terrenos “después de años de expolio” del carbón y la restauración millonaria con dinero público para ahora “cobrar nuevamente subvenciones públicas” por levantar la instalación fotovoltaica “expoliando de nuevo el patrimonio de los pueblos”. Contra este proyecto ya presentó en su día alegaciones la plataforma Bierzo Aire Limpio.
El rey del carbón condenado, pero en semilibertad
El empresario minero Victorino Alonso, el nexo de unión de toda esta pugna, fue condenado por el Tribunal Supremo a casi seis años de cárcel por dos delitos medioambientales. Las ilegalidades cometidas en sus minas de carbón 'El Feixolín' en Laciana y 'Nueva Julia' en Babia lo llevaron a entrar en la prisión madrileña de Soto del Real, de la que salió apenas un año después cuando la Justicia le concedió el tercer grado.
Ahora mismo está disfrutando de una situación de semilibertad, según el periódico Diario de León, que este medio no ha podido confirmar porque todas las fuentes consultadas adujeron que informar sobre si el mayor empresario de la minería de carbón de España estaba cumpliendo su condena o tenía beneficios penitenciarios violaba la Ley de Protección de Datos.
Lo que todavía arrastra el rey del carbón es el impago de 50 millones de euros de multas, que va amortizando con un pequeño embargo de su pensión de jubilación como minero porque la Justicia lo declaró insolvente en un juicio por el pago de pensiones alimenticias de sus hijos. Hace unos años una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) consiguió identificar al magnate minero en varias sociedades opacas en refugios fiscales, que se publicó en los Papeles de Pandora en El País.